El flamante gobernador bonaerense, Axel Kicillof, justificó el nombramiento de dos funcionarios procesados con el Lawfare: “Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución político, judicial y mediática no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para ejercer la función pública”.
Kicillof utilizó el mismo argumento para los nombramientos de Cristian Girard al frente de la Agencia de Recaudación (ARBA) y de Daniel Gollán al frente del Ministerio de Salud. En los dos casos se aclara que “bajo juramento” manifestaron estar procesados pero que eso se enmarca en el Lawfare.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó, en diálogo con PERFIL, que la designación en sí misma no viola la ley, pero que los fundamentos atropellan la división de poderes. "Se está arrogando facultades del Poder Judicial", explicó. El procesamiento en una causa, salvo que sea delitos de Lesa Humanidad, no es impedimento para ser nombrado en un cargo, aclaró el abogado. Y de hecho, el ahora ex presidente Mauricio Macri asumió su cargo estando procesado.
En el caso de Gollán, el ex ministro de Salud de la Nación está procesado en el marco de la causa del Plan Qunita. Girard, en la causa Dólar Futuro que instruye el juez federal Claudio Bonadio. El Lawfare es un concepto que empezó a ser utilizado en Argentina sobre todo por el kirchnerismo, en alusión a la utilización del Poder Judicial para desacreditar o proscribir dirigentes políticos y espacios políticos.
El presidente Alberto Fernández, incluso desde hace varios años, sostiene que existen arbitrariedades inexplicables en causas contra Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios y sobre todo, un abuso de la prisión preventiva.
MC
