La Corte Suprema de Justicia de la Nación cruzó este jueves al Ejecutivo Nacional con una misiva firmada por sus cinco miembros y dirigida al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el presupuesto anual y rápidamente, desde el Ministerio de Justicia, salieron a responderle. En el escrito del máximo tribunal, dado a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ), se hizo referencia a una respuesta de Peña, en cuanto al pedido de la Corte de la modificación en las partidas presupuestarias y se advirtió sobre un posible cese de actividades.
“Teniendo en cuenta que la dilación en su otorgamiento provoca un riesgo de inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal, se requiere de manera urgente las ampliaciones solicitadas en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicaron. Y agregaron que “en lo atinente a la política salarial se le hace saber que en el presente año 2018 solo se ha autorizado un 10% de aumento. El 5% autorizado en el mes de febrero corresponde al año 2017. Y se le autorizó a todos los sectores estatales cuyos salarios quedaron por debajo de la inflación del año 2017”, continúa el escrito.
Por su parte, a través de un comunicado, la cartera dirigida por Germán Garavano, señaló “que de los registros de ejecución del presupuesto devengado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no surgen situaciones como la planteada en la nota recepcionada en el día de la fecha por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
En tanto que detallaron que “en el día de hoy por la mañana [jueves], se realizó una reunión técnica entre la Corte y el Ministerio de Hacienda en la que se analizaron éstas cuestiones sin que surja conflicto alguno, por lo que sorprendió al gobierno la nota recibida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la cuestión presupuestaria”. Y sostuvieron que “cualquier situación excepcional, de las que fueron abordadas en la reunión técnica del día de la fecha, se tratará en la próxima reunión interinstitucional de las que se vienen realizando mensualmente entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Consultadas por PERFIL, fuentes del máximo tribunal sostuvieron que la Corte fija cada año su presupuesto y como este año el Ejecutivo le asignó un 40% menos a lo fijado por el propio tribunal, necesitan que el gobierno nacional vaya modificando las partidas presupuestarias para poder afrontar los gastos para funcionar. Aclararon que esto “no significa que le pide plata al Gobierno”, sino que “la Corte ya tiene la plata y las partidas presupuestarias son básicamente asientos contables, autorizaciones para gastar, pero para gastar los propios recursos que ya tiene la Corte”. Y que esto “ocurre porque la Corte no tiene autonomía presupuestaria”.
Agregaron también que, desde los meses de marzo y abril, la Secretaría de Administración “viene insistiendo con la asignación de partidas (autorización para gastar los recursos que ya tiene la Corte) y no tuvo respuesta”. En tanto que explicaron que “hubo una cuarta nota, esta vez firmada por los ministros, que sí se respondió. Allí se le dijo a la Corte básicamente que se iba a ir autorizando dependiendo de cómo esté el presupuesto nacional” y esto “generó la carta de hoy”.
Por su parte, fuentes del Ejecutivo dejaron saber las molestias que generó el comunicado y deslizaban que tras la publicación intentaron coordinar un encuentro, sin suerte. Algo de lo que dijeron no estar al tanto desde la Corte. Por otro lado, eran varias las voces que coincidían en que lo que se está viendo es una de las caras más problemáticas del ajuste. “La Corte no está acostumbrada a que el gobierno le ajuste”, en tanto que agregaron que la coincidencia de los cinco ministros a la hora de firmar la misiva fue total. “Hubo unanimidad de la defensa”, completaron.
También estuvieron quienes recordaron la foto con la que en septiembre de 2016, el máximo tribunal presentó su informe de gestión administrativa. Allí resaltó ausencia de deudas, 104 meses seguidos de superávit y reservas por casi 11.000 millones de pesos. En la foto de ese día estaban Lorenzetti, el administrador Héctor Marchi, y los entonces ministro, Alfonso Prat Gay y titular de la AFIP, Alberto Abad. “Esa plata es fruto del esfuerzo, pero puede ser un buen argumento para el Ejecutivo a la hora de no autorizar partidas”.
