La Corte Suprema asegura que el sorteo se hizo. Pero no existen actas, expedientes internos o registros electrónicos que así lo acrediten. Creer, reventar o sospechar. En ese punto está la investigación en contra de los tres jueces más históricos de la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco están acusados de haber fraguado (o directamente no haber hecho) el sorteo por el que se designó al juez Martín Irurzun como director de la oficina de escuchas telefónicas.
Cercano a Lorenzetti, presidente de la Cámara Federal porteña y actor relevante de Comodoro Py, Irurzun está al frente de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dicom) desde febrero de 2016. Un decreto estableció la mudanza del departamento de escuchas legales desde la Procuración General (por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó) hacia la Corte Suprema. El mandato de Irurzun, todavía en funciones, a su vez coincide con un festival de charlas telefónicas filtradas a la prensa.
Si bien el decreto de Mauricio Macri establecía el mecanismo de la elección por azar entre los 200 jueces federales, el fiscal Federico Delgado intuye que ese paso nunca se concretó. Un dato alimenta su desconfianza: la posible nominación de Irurzun circuló por los pasillos de Comodoro Py, días antes de que se realizara el supuesto sorteo. El 13 de febrero de 2016, PERFIL publicó que era el candidato principal.
Ahora Delgado aumentó sus sospechas a raíz de otra información: no hay acta que certifique que el sorteo haya sido manual o electrónico. Así figura en la causa que tiene a cargo el juez Rodolfo Canicoba Corral por supuesta “falsedad ideológica” de los supremos.
Pese a que usualmente existe algún registro de ese procedimiento, aplicado para repartir causas entre los distintos jueces, el de Irurzun fue un caso excepcional. El decreto de Macri no planteaba una norma sobre cómo debería haberse hecho o registrado.
Ante ese vacío, para la Corte alcanza con su palabra y buena fe. No del todo convencido, Delgado le pidió a Canicoba Corral una serie de citaciones para avanzar con la investigación: la de periodistas de PERFIL, Página/12 y La Nación, más la de tres secretarios de la Corte, entre otras.
La gestión de Ir urzun al frente del departamento de escuchas debería haber vencido en febrero de 2017. Y su reemplazante tendría que haber surgido a partir de otro sorteo. Pero Macri amplió el mandato de Irurzun por tres años más. O sea, cuatro en total.
Días antes de que se publicara el nuevo decreto presidencial de febrero de 2017, el diputado kirchnerista y consejero de la magistratura Rodolfo Tailhade hizo un pedido oficial a la Corte. En su presentación le solicitaba al presidente de los supremos, Ricardo Lorenzetti, que se difundiera el lugar, día y hora del sorteo. La primera designación de Irurzun había generado tantas suspicacias, que la oposición quería controlar el acto de elección del sucesor. No fue necesario: el decreto de Macri llegó con una orientación personalizada sobre Irurzun, postergando el requisito del sorteo hasta 2019.
