Las urgencias económicas y la coyuntura político-judicial tuvieron esta semana al Congreso como caja de resonancia y obligaron a los distintos bloques a sentar postura luego de varias semanas de letargo parlamentario.
La hoja de ruta trazada por Sergio Massa en el arranque de su gestión en Economía se va transitando a paso lento aunque tendrá un punto fuerte el próximo miércoles con la convocatoria a una sesión especial para “sacarse de encima” varios de los asuntos pendientes. Según comentaron a PERFIL fuentes del oficialismo, se espera que el próximo lunes se concrete el pedido de una sesión para el miércoles 31 de agosto, en la previa a la llegada del proyecto de Presupuesto 2023 con la perspectiva de sumar varias de las demandas del Ejecutivo.
El demorado Consenso Fiscal estará al tope del temario de la próxima sesión
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En primer lugar se encuentra el Consenso Fiscal, un asunto que viene con meses de retraso pero que finalmente logró dictamen de comisión pese al rechazo de la oposición que no avala ninguna de las alternativas de aumento de impuestos que propone el pacto con las provincias y sus gobernadores en medio de una crítica situación financiera de los distritos.
Pero la clave de la sesión tendrá que ver con la posible inclusión de la Ley de Agroindustria, uno de los sectores que Massa decidió priorizar en el comienzo de su gestión. Uno de los gestos que demuestra el apuro oficial por tratar el tema. Pese a que aún no tiene dictamen en Diputados, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se hará presente el próximo miércoles en el Senado para dar sus explicaciones sobre la normativa, claramente con la convicción de que se podrá avanzar con el proyecto del Ejecutivo que está cerca de cumplir un año de presentado.
“La idea es aprobar la ley”, comentó uno de los protagonistas de las negociaciones, optimista en que se van a lograr los acuerdos. Si así sucede, el martes habrá una convocatoria para un plenario de comisiones y el miércoles se llevará directamente al recinto.
En simultáneo al trabajo de comisiones y a la intención de acelerar la aprobación de proyectos en la segunda mitad del año, la oposición alimentó la grieta con un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández que también generó discusiones al interior de Juntos por el Cambio. Facundo Manes, diputado radical, fue el único que no firmó el pedido que respaldaron los diez bloques que integran el mayor espacio opositor y dejó al descubierto debilidades en una estrategia impulsada sobre la marcha. Tal como sucedió en otras oportunidades, la oposición no cuenta con los votos necesarios para encarar una movida de semejante magnitud ni tampoco tiene suficiente sostén institucional para llevarlo adelante de manera formal.
“En apenas un mes diputados opositores presentaron cuatro pedidos de juicio políticos contra el Presidente. El plan de desgaste institucional contra Alberto Fernández se suma a la persecución político-judicial contra Cristina Kirchner. Hay que estar unidos, organizados, alertas y movilizados”, arengó Germán Martínez, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos.
El santafesino trabajó en los últimos días precisamente para no mostrar fisuras internas en un delicado momento para el oficialismo, lo que también quedó reflejado en un comunicado conjunto de la bancada en respaldo a Cristina Kirchner.
