Supo tener llegada directa a Cristina Fernández de Kirchner. Fue titular de uno de los organismos que cumplió un papel central en el esquema de poder y negocios del kirchnerismo. Acompaña desde hace años al ex ministro Julio De Vido y tiene sus propios frentes judiciales, aunque con mejor suerte que su esposo. Alessandra “Laly” Minnicelli es otra pieza clave del esquema ideado por De Vido, pero en los tribunales federales sus causas avanzan con mucha más lentitud que las del diputado del Frente Para la Victoria.
Minnicelli fue titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), un organismo de control del Estado y sus empresas, pero a pesar de las denuncias por la falta de intervención frente a los desmanejos del kirchnerismo y en especial de las áreas controladas por su esposo, la Justicia no avanzó contra ella.
Su principal frente judicial es la causa en la que está imputada junto a De Vido por presunto enriquecimiento ilícito. Ambos habían sido sobreseídos, pero tras una larga espera, la Justicia ordenó reabrir la causa en 2015, cuando el ex ministro comenzó a sufrir las consecuencias del quiebre de la alianza de los Kirchner con un sector de la Justicia.
En marzo de este año, Minnicelli sumó otra causa en su contra: fue imputada por el fiscal Gerardo Pollicita, junto a la esposa del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, Marta Cascales, por la realización de una miniserie sobre Papel Prensa financiada con fondos estatales.
El pedido del fiscal fue para que se investigue el manejo de $ 4,5 millones de pesos que habrían sido otorgados por la cartera de De Vido a través de las universidades nacionales de San Martín y Tres de Febrero, para evitar controles.
Juntas también crearon Fonres, una consultora que en 2008 suscribió un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Esa misma universidad fue también en 2008 otra pieza clave del armado de De Vido. Hoy, la UTN está en el centro de la investigación porque el entonces Ministerio de Planificación desvió al menos $ 3 mil millones para contratar proveedores de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio y evitar los controles del dinero. Hace dos semanas, el caso le valió a De Vido un pedido de detención y desafuero, que fue desestimado por la Justicia.
Los vínculos y coincidencias entre el negocio de Minnicelli y su esposo no terminan ahí. En 2016, el diario La Nación mostro cómo a pedido de De Vido empresas estatales auspiciaron exposiciones de su esposa, que permitió desviar miles de millones de pesos sin licitación ni controles.
La primera denuncia que alcanzó a Minnicelli fue en 1999, por su rol como síndica en Santa Cruz de Servicios Públicos Sociedad del Estado y acciones clase A de YPF S.A. La causa tenía que ver con YPF y era sobre delitos de acción pública. Recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadio y fue archivada. En 2005, cuando ya llevaba dos años como titular de la SIGEN, “Laly” fue denunciada junto al ex presidente Néstor Kirchner, entre otros funcionarios, por delitos como asociación ilícita, cohecho y defraudación a la administración pública. Por sorteo, la presentación recayó en el juzgado que entonces tenía Norberto Oyarbide, quien al año siguiente también decidió archivarla.
Pero en 2005, Minnicelli también sumó otro frente que todavía está en trámite en el juzgado de Bonadio y es por defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese tribunal también sigue abierta otra presentación en su contra realizada en 2007 por el abogado Ricardo Monner Sans para que se investigue un convenio marco por el Programa Federal de Construcción de Viviendas de 2004.
PERFIL intentó contactarse con Minnicelli pero no obtuvo respuesta.
