Tras la investigación que trascendió sobre contratos con presuntas irregularidades de la Oficina Anticorrupción a una consultora allegada al PRO, el abogado Leandro Martínez Herrero presentó una denuncia contra su titular, la macrista Laura Alonso, por funciones incompatibles con el cargo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Al ser consultado, Martínez Herrero, miembro de la Asamblea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Vicepresidente del Colegio de Procuradores de la Ciudad, consideró una "paradoja" denunciar a la titular de la Oficina Anticorrupción.
"Es una paradoja estar denunciando por corrupción a la titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Díganme una sola denuncia que haya contra este gobierno por parte de Laura Alonso? No hay ninguna. Y las que hay nunca toma intervención como para acusar y seguir adelante", afirmó en diálogo con Radio Zónica.
Y agregó: "[A Laura Alonso] Se le acabó la independencia cuando empezó a formar parte de un partido político".
La causa. La investigación del periodista Sebastián Lacunza publicada en Letra P y Página 12 a principios del 2018 reveló que la OA contrató a la consultora Consuasor (con lazos en el Pro) por $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluyen prensa y manejo de redes.
En las publicaciones, Lacunza detalló que "esa tarea fue llevada a cabo al menos durante todo 2017 y avanzado 2018 por personal de la consultora prohijada por el Pro, que no figuraba en los registros de la OA".
"Para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por un monto mensual de $44.000 y $38.500, respectivamente, lo que anualizado suma $990.000", precisó el periodista.
Al respecto, el letrado Martínez Herrero argumentó que Alonso "asume en la Oficina Anticorrupción (OA) al mismo tiempo que, 18 días después, se crea la consultora Consuasor que daba los servicios de prensa a la OA" y que "Consuasor ofrecía servicios en el área del lobbying, entre los servicios que brindaba era información sensible para poder tomar decisiones con el gobierno". En ese marco, aclaró que "la ley de ética pública prohíbe contratar a personas que tengan intereses contrapuestos con el Estado".
En diálogo con PERFIL, desde la Oficina Anticorrupción argumentaron: "La OA contrató a dos personas físicas bajo modalidad de locación de servicios para tareas de comunicación institucional. Se desarrollaron los contratos, dando cumplimiento con los respectivos planes de trabajo y finalizaron sus tareas".
Además, al ser notificados de la denuncia, indicaron que "se aportará toda la información y se colaborará con la justicia para su rápida resolución".
Los vínculos con el PRO. El trabajo de la consultora no se redujo solo al asesoramiento en la OA: también recibieron contratos similares "en media docena de organismos públicos. Como mínimo, los ubicuos Sosa Liprandi y Giuidice acumularon remuneraciones en los ministerios de Justicia, de Trabajo, de Medio Ambiente, de Defensa, del Gobierno de Salta y de la oficina del senador Federico Pinedo, el principal vínculo de ambos", consignó la publicación de Letra P.
Los fundadores de Consuasor son tres jóvenes que estudiaron en la Universidad Católica, uno de ellos, Juan Gentile, conocido como "Juano", falleció el 25 de septiembre pasado, a los 34 años.
Fue jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO entre 2012 y 2015, y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Macri. Un hombre muy cercano a Federico Pinedo, cuya parte de prensa es manejada por la propia
"Luego de meses de tratar de ocultar los hechos, Alonso decidió dar de baja a los contratos de los dueños de Consuasor. En simultáneo, la consultora dio de baja su página web y se evaporó de la vida pública", concluyó Lacunza.
