La reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, iniciativa sugerida por el bloque Frente de Todos del Senado e impulsada por el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2020, aguarda obtener una sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
El proyecto apunta al mecanismo para elegir al procurador general de la Nación; a la posibilidad de suspender al jefe de los fiscales en caso de que se active el proceso de remoción y a la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Al tratarse de una reforma, incorpora ciertos cambios los cuales de promulgarse el proyecto afectaran a la Ley 27.148 que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. A continuación, las principales modificaciones.
Designación: el nombramiento del procurador general se haría con una mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios de los presentes, que sería 48 votos si asistieran los 72 senadores.
Remoción: la remoción del procurador podrá también producirse "por decisión fundada del Poder Ejecutivo" o "a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado".
Para ambos casos, cuando se inicie el mecanismo de remoción, el procurador será "suspendido en el ejercicio del cargo", aunque si se da el primer procedimiento contemplado "el Senado podrá revocar la suspensión en el plazo máximo de diez (10) hábiles".
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Reemplazo: El oficialismo incorporó un cambio referido a los casos de vacancia en la Procuración. Estableció que asumirá el cargo el o la "fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo" elegido por la Comisión Bicameral del Congreso.
Duración en el cargo: El proyecto lo acota el cargo a cinco años "pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período". Si un procurador alcanza los 75 años en el cargo, se dará "un nuevo nombramiento" por el término de dos años.
Tribunal de enjuiciamiento: Estaría integrado por cinco vocales: uno en representación del Poder Ejecutivo; tres en representación del Congreso (dos de la mayoría y uno del la minoría) y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.
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A ellos se sumarán dos vocales abogados de la matrícula federal y otros dos vocales deberán ser elegidos por sorteo público entre los fiscales generales con no menos de diez años de antigüedad en el cargo.
No obstante, esto último fragmento de la iniciativa podría llegar a ser modificado en su tratamiento dentro de la Cámara de Diputados con la finalidad de incorporar además un vocal en representación del Ministerio Público Fiscal.
JFG
