El panorama judicial del ex gobernador y ex embajador entrerriano Sergio Urribarri pinta complejo. Es que tras haber sido condenado hace un año por administración fraudulenta, ahora fue citado a indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se lo señala por no poder justificar más de 9 millones de dólares que no podría haber obtenido por medio de sus ingresos formales.
El exfuncionario y dirigente kirchnerista tiene una citación para el 14 de junio, donde la Justicia lo indagará para que explique el origen de los fondos y responda preguntas en torno a una pericia que concluyó el año pasado, donde se analizaron gastos sospechosos de los últimos años. Pasajes turísticos a destinos de lujo, autos y la compra de un departamento en Puerto Madero son solo algunos de los resultados que arrojó el estudio.
Lo llamativo es que recién será indagado en poco más de un mes cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito se inició en noviembre de 2015, es decir, hace más de siete años. El dirigente viene de renunciar a su cargo como embajador en Israel tras conocerse su condena a ocho años dictada a principios del año pasado.
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"Cada golpe nos fortalece. No nos van a disciplinar. No van a domesticar al peronismo. Ni los de afuera, ni el fuego amigo de los y las de adentro. NO LES TENEMOS MIEDO (sic)", escribió en Twitter Urribarri días atrás.
Le respondía al intendente de la Municipalidad de Concordia, Enrique Cresto, que había compartido una nota periodística donde se informaba sobre la indagatoria y cuestionaba que "son demasiado obvios, causa iniciada en 2015 y el día que arranca el cronograma electoral citan a indagatoria".
La causa
La causa por supuesto enriquecimiento ilícito es empujada en la Justicia entrerriana por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes presentaron un escrito que dio inicio a la causa tras dar cuenta de una publicación periodística del portal Análisis. Ahí se daba cuenta de que Urribarri y su familia habrían tenido un importante crecimiento patrimonial.
Después de eso, el abogado Marcos Rodríguez Allende, según publicó el portal mencionado antes, se presentó en nombre del dirigente sospechado. Fue a principios de 2016, cuando le dio al Ministerio Público Fiscal un escrito de 20 carillas con la justificación patrimonial de los bienes de Urribarri.
"Más allá de los comentarios, versiones y especulaciones de todo tipo, huelga afirmar que todos los bienes que componen mi patrimonio están debidamente declarados en los instrumentos que menciono. Pero, además, están expresados en las declaraciones juradas de los impuestos a los bienes personales y el impuesto a las ganancias, que se rinden anualmente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos e inscriptos en los registros respectivos", se defendió el ex gobernador al tiempo que aclaró que tampoco tiene bienes en el exterior ni bienes que no hayan sido registrados.
También señaló que "no existen personas interpuestas que disimulen mi patrimonio". Ello como respuesta a que habría utilizado a dos personas como testaferros: son Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez, también citados a comparecer ante la Justicia el mes que viene.
Gastos llamativos
Algunos de los puntos llamativos de la pericia señalada antes, año por año, arrojan que en 2015, por ejemplo, habría tenido gastos en hotelería y otros en el exterior por más de 9 mil dólares, más la compra de un Volkswagen Golf. El año anterior, a su vez, habría gastado más de 7 mil dólares en hotelería, más de 25 mil dólares en un paquete a Nueva York y habría aportado 250 mil pesos a la firma Kriptax: en 2013 habría adquirido el 25% de esa firma por 500 mil pesos.
En el desglose de los años anteriores aparecen donaciones a sus cuatro hijos por 5 millones y medio de pesos, más paquetes turísticos, la supuesta compra de un Ford Focus y de un reloj Rolex. También le endilgan la compra en cuotas de un departamento en Puerto Madero en cuotas por 1,2 millones de dólares.
PERFIL intentó comunicarse con Urribarri, pero al cierre de esta nota no lo había conseguido. Sin embargo, en su sitio web criticó la legitimidad de la pericia mencionada antes.
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"Lo que se presenta periodísticamente como una pericia, en realidad no es más que un informe sesgado de un contador que se llama Héctor Enrique, hecho a pedido del Ministerio Público Fiscal. A este profesional oportunamente lo impugnamos porque trabajaba en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas durante mi gobierno y fue despedido porque no cumplía con eficiencia su función. Desde entonces nos odia y está al servicio de estas operatorias", manifestó.
En esa línea, añadió: "Las verdaderas pericias no están terminadas. Todo lo que hay es parcial. Y lo que no se dice es que la propia perito del Ministerio Público Fiscal, la contadora Romina Stepanic, rechazó por no tener validez jurídica los papeles y planillas que usó arteramente Enrique para su informe, que no tuvo otro objetivo que convertirse en su momento en una gran tapa de la revista Análisis".
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