La decisión del municipio de San Nicolás de ofrecer otra obra social por fuera del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) alegando mal funcionamiento abrió un foco de conflicto con el gobierno provincial, que acusa una jugada política en año electoral. Hace dos años, Capitán Sarmiento fue pionero en este camino. Sin embargo, más allá de una oleada que parecía replicarse en otras localidades, lo cierto es que sólo uno de los 135 municipios bonaerenses se encuentra aplicando la medida.
La génesis del hecho se dio cuando el intendente nicoleño, Manuel Passaglia, anticipó el 4 de marzo que los empleados municipales pasarían a tener una obra social particular el primer día de abril, calificando de “desastre” a IOMA y alegando “inacción” pero también “falta de planificación” del gobierno de Axel Kicillof.
El mismo día, el expresidente Mauricio Macri lo saludó: “Los felicito. Se tienen que caer todas las vacas sagradas. Hora de terminar con todos los sistemas ineficientes, corporativos y mafiosos que se apoderaron de la Argentina”. También se sumó al saludo el intendente Javier Martínez, de Pergamino, que agregó que irían “por el mismo camino”.
Sin embargo, a casi dos meses de esta promesa, el mandatario no realizó más anuncios sobre el tema IOMA. “La información que manejamos es que se habría lanzado una encuesta digital vía mail por el correo institucional de la municipalidad pero sospechamos que no hay un dato cierto, con lo cual la municipalidad no ha salido a tratar de convencer a los trabajadores y sindicatos”, sostuvo a este medio Walter Aires, secretario general de ATE en Pergamino, Rojas y Colón. También agregó que la cuestión no tomó estado parlamentario.
El caso de San Nicolás
Esta semana Passaglia anunció que los municipales podrían elegir continuar con IOMA u optar por Avalian, aunque bajo la misma modalidad de aportar el 4,5% de sus ingresos “pero con mejor atención”. Desde el Ministerio de Salud bonaerense salieron a responderle: “Lo que dice la oposición es porque no usa IOMA, pero el que lo hace sabe que está mejor. De hecho los que amenazaron que se iban a ir en Azul, Olavarría y Pergamino no lo hicieron porque saben que tienen una cobertura buena por un monto que al ser solidario es mucho menos de lo que sale una obra social en el mercado”, dijeron.
En simultáneo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos Municipales de San Nicolás, Rodolfo Cecchi, aseguró a este medio que “la mayoría de los trabajadores, no puedo hablar de la totalidad, prefieren quedarse en IOMA”.
También denunció amedrentamientos por parte del gobierno local y agregó que teme por su vida. “Por la mañana comenzaron a presionarme (NdR: martes 2 de mayo) y me pidieron que no hiciera declaraciones. Me niegan la libertad sindical. Trabajo en un área de movilidad de la terminal de ómnibus con la red SUBE. La presión se ejerció y me trasladaron a Conesa, en el límite con la ciudad de Pergamino y a 40 kilómetros”, dijo. Además sostuvo que la medida busca darle a los trabajadores el plan de la prepaga más básico, ya que los sueldos no llegan a $90.000. Finalmente adujo que muchos tienen patologías avanzadas y IOMA“hace una cobertura completa que otras empresas no hacen”.
Bullrich sumó a su campaña a un intendente que jugaba con Larreta
Desde el municipio negaron las presiones: “Él tiene un sindicato sin personería jurídica. Es decir, no tiene validez. En San Nicolás está el Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE. El de Cecchi es un invento propio, pero se maneja como si fuera oficial. Y no trabaja, pide permisos gremiales, una locura”, dijeron.
El mensaje celebratorio de Patricia Bullrich que terminó en una ordenanza vetada
En Tigre la oposición cambiemita logró imponerse en el Consejo Deliberante el 25 de abril luego de un reñido 12 a 12 que desempató Segundo Cernadas, presidente del Consejo Deliberante y candidato a intendente. Esto también tuvo réplica a nivel nacional. “Lo hicimos de nuevo y en este caso en un municipio gobernado por el Frente de Todos. Como sucedió también en San Nicolás, Capitán Sarmiento, Pergamino y en otros municipios, en Tigre nuestros concejales lograron romper con IOMA y dar libertad de elección de su obra social a los empleados municipales”, escribió Patricia Bullrich en sus redes sociales.
Los “otros municipios” que refirió la precandidata presidencial son Azul, Junín y Olavarría, todos gobernados por dirigentes de Juntos por el Cambio. Sin embargo, hay matices en cada uno de ellos en simultáneo con argumentos legales que le bajan el tono a la “rebelión” de los intendentes contra IOMA. Uno es numérico: de los 135 municipios, 5 nunca tuvieron la obra social y uno (Capitán Sarmiento, gobernada por Javier Iguacel del PRO) desistió de sus servicios hace dos años. Ahora se suma San Nicolás. Los demás 128 continúan con la misma prestación.
En el caso de Tigre, el intendente peronista Julio Zamora terminó vetando la ordenanza luego de algunos rigoreos previos y públicos del sector massista que lo acusaba de “cómplice”. PERFIL se comunicó con Segundo Cernadas para consultar si desde la oposición se podía tomar alguna medida. “No podemos hacer mucho más, sólo ganarles las elecciones para poder darle a los trabajadores la opción de elegir su obra social”, declaró.
El presidente de IOMA cuestionó a la oposición
Homero Giles, el presidente de la entidad, argumentó en diálogo con PERFIL que el modelo de Capitán Sarmiento funciona “muy mal pero está tapado”. “La ley nacional dice que todos los trabajadores tienen que aportar a un sistema y la provincial también. Todo el grupo de trabajadores municipales tiene que aportar al sistema de la obra social provincial. No se puede de forma parcial. Hemos notificado que eso era ilícito y por eso dieron de baja a todos los afiliados”, esgrimió. Hay dos leyes que solventan la postura de la obra social. La primera es la 6.982 que obliga a la afiliación masiva de todos los trabajadores municipales y prohíbe las afiliaciones parciales. Por otro la Ley 23.660 que regula las obra sociales nacionales que indica que los aportes y contribuciones deben dirigirse a ese sistema, excluyendo a las obras sociales provinciales como IOMA.
“Hicieron un convenio con dos obras sociales y cuatro gerenciadoras, la gente está teniendo que poner de su bolsillo y la situación es crítica. No hace tanto ruido porque son 360 afiliados. En San Nicolás son 1.700. Entendemos que el tema es político porque nunca en tres años hubo una comunicación con esos municipios, nunca me llamaron a mí ni a Kicillof ni a Kreplak”, sostuvo.
El médico que asumió su cargo en 2019 también expresó que hubo una campaña sincronizada luego del anuncio que Passaglia realizó en marzo. “Jurídicamente no tiene sustento y económicamente tampoco. Son deficitarios esos municipios. Este año ya subimos un 75% el valor de la consulta médica y vamos a seguir subiendo. Eso hace que incremente el déficit de los municipios porque aportan menos de lo que consumen. Ese es el tercer punto, lo económico, ¿quién va a querer agarra un grupo de afiliados deficitarios?”, pregunta Giles.
También develó que se enviaron notas a los 129 municipios para ratificar si seguirán utilizando el servicio. “De no contestar, se tomaría como aceptación. De los 129 municipios ninguno dijo que no y dos me dijeron que iban a hacer una encuesta a los afiliados. El 99% de los municipios quieren seguir con IOMA. Incluso Azul, de quien Bullrich dijo que quería salir. El intendente mando una nota diciendo que no tenía intención de desafiliar nada. Es todo un show”, dijo Giles. Algo similar ocurre con Olavarría, donde Giles mantuvo un encuentro con el intendente Ezequiel Galli y aseguró que no le manifestó su deseo de desprenderse de la obra social.
Desde el municipio de Capitán Sarmiento, territorio que tiene alrededor de 16.553 habitantes, la mirada es otra. “El municipio da una primera opción, que es una prepaga, con el 3% que se descuenta de los sueldos y el municipio aporta el 3,5% establecido por ley. Esa misma plata que no alcanzaba antes y se debía pagar diferencias al médico, al laboratorio, a las clínicas, ahora mágicamente alcanza porque no se la roba nadie", le dijo Javier Iguacel al medio Junín Digital el último 25 de abril. También cuestionó que la disposición de adherir los municipios de forma obligatoria correspondía a un decreto de la dictadura.
PERFIL también se comunicó con el área de prensa de la municipalidad de Junín, otra de las localidades donde se mencionó la posibilidad de quitar a IOMA, pero no obtuvo respuesta. En marzo el secretario de Legal y Técnica, Lisandro Benito, había manifestado que de realizarlo había que tener en cuenta qué obra social estaría dispuesta a tomar a los afiliados. “Hoy todas las obras sociales tienen inconvenientes, eso lo sabemos todos. Siempre la negociación sería colectiva, el municipio tendría que llevar a la masa de los trabajadores. La salida de IOMA parece sencilla, pero el ingreso a otra obra social en principio no me parece que sea fácil”, le dijo el funcionario al medio local La Verdad.
Con todo, la “rebelión” de intendentes contra la obra social que tiene 2.200.000 afiliados y maneja un presupuesto de alrededor de 300 mil millones pareció apagarse antes de comenzar, y sólo los municipios de Capitán Sarmiento y San Nicolás son los casos testigo de ese descontento.
CP
