Un juzgado comercial porteño y el Tribunal Federal a cargo de la causa Hotesur - Los Sauces pelean por los bienes de la empresa insignia de Lázaro Báez que se iban a rematar tras la quiebra de la firma en 2018.
Se trata de una importante cantidad de maquinaria pesada con la que la firma santacruceña trabajó en los obradores Laguna Grande, Piedra Buena y Tres Lagos en la provincia patagónica.
Dicha maquinaria para la construcción de obras viales consta de ocho motoniveladoras, cinco compactadoras, cuatro cargadoras, cuatro excavadoras, dos topadoras y cinco cisternas de acopio, además de otro material en desuso y chatarra. De acuerdo a la tasación realizada en su momento, el estado de las máquinas cuya antigüedad en promedio no supera los 18 años, es bueno. El precio base de todo el equipamiento supera los 330 millones de pesos.
Cuando se decretó la quiebra de Austral Construcciones en 2018, el remate del patrimonio de la firma corrió por dos juzgados distintos. En el primero realizado el año pasado se subastaron retroexcavadoras, rodillos neumáticos, una torre de perforación, taladros, tornos y fresadoras entre otros. Con esa subasta, que de acuerdo a fuentes consultadas por PERFIL constituyó el 60% de los bienes, la Justicia recaudó 2.600 millones de pesos que se destinaron al pago de acreedores como la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Nación, más los costes de la quiebra.
Con la fecha fijada para el segundo remate, los jueces del Tribunal Oral N: 5 a cargo del Juicio Hotesur- Los Sauces donde Lázaro Báez está procesado por maniobras de lavado junto a Cristina Fernández de Kirchner se dirigieron al magistrado comercial Máximo Astorga, oficio mediante, para solicitarle suspender la subasta. Los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Paliotti fundaron su planteo en normativa internacional de lavado y recuperación de activos además de lo dispuesto por la ley argentina. En esa línea, marcaron la importante cantidad de vehículos, maquinaria, bienes, herramientas e inmuebles que fueron embargados.
De hecho, en su pedido, el tribunal citó el fallo conocido como “El Estribo”, donde la Corte Suprema determinó que en otro expediente del mismo tenor judicial al de la actual pugna, la prioridad la tiene la causa penal y no la liquidación de los bienes en el remate. Sin arribar a una resolución entre el Juzgado y el Tribunal, los jueces del TOF 5 trabaron contienda que fue aceptada por Astorga y la decisión quedó en manos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán determinar si prosigue el remate que se iba a realizar a mediados de abril o por el contrario disponen la preservación de esos bienes. La intención de los jueces del TOF 5 es mantener todos los activos embargados de cara al juicio por presunto lavado y asociación ilícita, donde además de Lázaro y Cristina, también están imputados Máximo Kirchner, Cristóbal López y Fabián De Sousa para un decomiso ante una eventual condena.
En tanto, Lázaro Báez aguarda una importante definición al tiempo que prepara su defensa en otras dos causas que tramitan en Comodoro Py. Por un lado y a finales de la próxima semana comienza a correr el plazo para que la Cámara Federal de Casación defina si mantiene, agrava o reduce la pena de seis años de prisión en el expediente conocido como “Obra Pública” donde fue condenado junto a Cristina Fernández de Kirchner.
Por el otro y en el marco del expediente derivado de “ruta del dinero” conocido como “El entrevero” los abogados del empresario preparan su alegato para presentarlo en la audiencia prevista para el próximo 13 de mayo tras el pedido de seis años de prisión del fiscal Abel Córdoba.
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