La Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril fue la más grande en la historia de los conflictos por la educación superior y la principal hasta ahora en oposición al gobierno actual. En esa fecha, la universidad pública se transformó en protesta. En las 24 provincias y en 38 ciudades del país hubo movilizaciones para defenderla (Acled, 2024). La Marcha Federal estuvo organizada en un marco de unidad por el conjunto de las autoridades de las universidades públicas, las gremiales estudiantiles, docentes y no docentes para protestar en contra de la fuerte reducción presupuestaria, la pérdida salarial de sus trabajadores y el ajuste sobre el sector de ciencia y tecnología.
El equipo docente y estudiantes del Taller de Investigaciones sobre Cambio Social de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires realizó durante la Marcha una encuesta presencial a quienes se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires. Con el objeto de conocer quiénes y por qué protestaron, se aplicó la encuesta a una muestra de 323 participantes.
Desde la visión de los manifestantes se valoran como atributos de la universidad pública la accesibilidad, la gratuidad, la calidad educativa, la pluralidad y la comunidad de pertenencia, entre otros aspectos positivos. Si bien varios de los asistentes no encuentran puntos críticos, otros señalan las dificultades administrativas como la desorganización y la demora en los trámites. También se apunta a la sobrecarga de estudiantes en las comisiones y a la infraestructura como los principales déficits y desafíos.
La Marcha del 23/4 mostró amplios consensos sobre qué se defiende de la universidad pública. Para las personas encuestadas, la educación superior de calidad es un derecho de la sociedad argentina y una herramienta para reducir la desigualdad. En contra de los discursos del gobierno nacional, se reconoce un ámbito universitario diverso donde todas las carreras son relevantes y es el Estado el que debe promoverlas. La mayoría (96%) se mostró en contra de una política que genere un desfinanciamiento de las carreras sociales y humanísticas. Tampoco el tan mentado adoctrinamiento ideológico resulta una percepción extendida entre las personas encuestadas. En menor nivel, pero muy mayoritariamente, se rechaza la posibilidad de arancelar a extranjeros o a los estudiantes con mayores recursos económicos.
Frente a la crisis presupuestaria de la universidad, quienes se movilizan consideran que la protesta social es la principal forma de enfrentar la situación. Cerrar los establecimientos o arancelar los estudios no es una opción considerada válida. Adaptaciones como virtualizar la cursada o continuar funcionando bajo un esquema de recorte de gastos también cuentan con altos niveles de rechazo. El 69% y el 74% se negaron respectivamente a ambas alternativas. La discusión se abre en torno a apelar al esfuerzo económico de la comunidad educativa organizada en cooperadoras, como una opción que contribuya a sortear el contexto de ahogo presupuestario y sostener el funcionamiento de las instituciones. El 49% lo considera viable mientras que el 47% no lo valora como una posibilidad para aliviar la falta de fondos.
Los miembros de la comunidad universitaria fueron los protagonistas de la movilización, pero no los únicos participantes. Más allá de la importante presencia de estudiantes de grado (37%) y posgrado (10%), estuvo lejos de ser estrictamente estudiantil dado que incorporó docentes, graduados y no docentes. Se destaca también que un cuarto de los encuestados no están vinculados a ella directamente, nos referimos a familiares de estudiantes, cursantes de terciarios y secundarios, así como sindicatos no universitarios y personas en general motivadas por la causa de la educación pública.
En la pertenencia de los universitarios encuestados predomina la UBA, seguida por la Universidad Nacional de La Plata y las universidades del Conurbano. Incluso se registraron casos de instituciones del sector privado.
También corresponde destacar la heterogénea composición etaria. Fue registrada la presencia de jóvenes estudiantes del secundario hasta la de personas de más de 80 años. Los 24 años fue la edad relevada con mayor frecuencia.
Las estructuras de movilización excedieron a los núcleos organizativos. Muchos señalan que fueron a la Marcha con amigos y familiares, otros con grupos y espacios vinculados a la facultad y a la universidad y, en menor medida, a organizaciones de otro tipo.
Se trata de una población que tiene experiencia de movilización, pero que está lejos de ser el elenco estable de la protesta como provocativamente se afirmó desde el Gobierno en la previa al evento. Solo el 18% participó sostenidamente en las más notorias acciones colectivas desde la asunción del gobierno de Milei (el cacerolazo ante el anuncio del DNU 70/23, el paro general, la movilización del 8M y del 24 de marzo). Entre las personas encuestadas el 23 de abril, solo es mayoritaria su participación en la movilización por el 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Esto muestra la afinidad histórica entre la cultura antidictatorial y de derechos humanos con la de la educación pública. Un dato destacado es que el 20% de las personas no participó en ninguna de las protestas mencionadas, este valor escala hasta el 35% en los menores de 26 años. Esto muestra que en la Marcha hay un principio de ampliación del campo de participación de la protesta contra el Gobierno y sus medidas. El conflicto universitario convoca y activa reservas ciudadanas, especialmente entre los jóvenes.
El gobierno nacional es el principal destinatario del reclamo colectivo. En su inmensa mayoría, las personas encuestadas no lo votaron y tienen una muy mala imagen de su gestión (85%). El principal aliado que encuentran para su lucha es la sociedad en su conjunto (78%) y solo el 36% ve a la oposición partidaria como tal. Es por esto que se trata más de una oposición social que política. De hecho, un quinto de los asistentes no guarda identificación alguna con las identidades políticas y partidarias disponibles en el escenario actual.
Como es habitual para parte de la ciudadanía de las democracias contemporáneas, las personas encuestadas también consideran que la participación no se limita solo al acto eleccionario, sino que incluye la protesta (90%). En la historia reciente de nuestro país las movilizaciones fueron un recurso para oponerse a políticas impulsadas por gobiernos de orientación tan distinta como los de Cristina Fernández o de Mauricio Macri. Quienes participaron de la Marcha presentan una creencia positiva en la eficacia de esta forma, demostrando que se trata de una ciudadanía que pasa a la acción ante hechos que considera agraviantes.
Quienes marcharon este 23 entienden que lo público pone un límite a la desigualdad y que su vulneración implica un retroceso social inaceptable. Las personas encuestadas perciben que la Argentina es muy desigual en materia de ingresos (92%), y el acceso a la vivienda (86%) y al trabajo (76%). Es en los sectores con mayor intervención estatal como la salud y, especialmente, la educación donde tiende a reducirse la percepción de la desigualdad. El 45% y el 26% los considera respectivamente como muy desiguales.
Los datos presentados nos permiten ver quiénes y con qué motivos se movilizaron en este inédito acontecimiento desarrollado en el marco del conflicto universitario. Pero también nos posibilita hipotetizar una conclusión con efectos más amplios. La fuerza de legitimidad de la universidad pública, como elemento y promesa de igualación y ascenso social, activa, amplía y rejuvenece la oposición al Gobierno en las calles.
*Integrantes del Taller de Investigaciones sobre Cambio Social, Carrera de Sociología, UBA.
