Habló "Tango”, la dirigente del Polo Obrero a la que le secuestraron US$54.000: "Es una herencia de mi familia"
En el marco de la causa que investiga extorsiones de los dirigentes piqueteros a los beneficiarios de los planes sociales, la dirigente social del Polo Obrero, María Isolda Dotti, conocida como “Tango” dio detalles del allanamiento que tuvo en su domicilio.
María Dotti |
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En el marco de la causa que investiga extorsiones de los dirigentes piqueteros a los beneficiarios de los planes sociales, la dirigente social del Polo Obrero, María Isolda Dotti, conocida como “Tango” dio detalles del allanamiento que tuvo en su domicilio.
El juez Sebastián Casanello pidió el allanamiento de 27 domicilios y dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas. Es a raíz de la causa que comenzó en diciembre pasado cuando el Gobierno habilitó la línea 134 que permitía realizar denuncias anónimas para quienes hayan sido víctimas presiones por parte de las organizaciones sociales que según el gobierno, administraban las políticas de asistencia a los actos y piquetes.
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Entre ellos se encuentran Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Polo Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.
Una de las casas allanadas en la madrugada del lunes, fue la de María Isolda Dotti. En ella se encontraron 54.448 mil dólares y 478 mil pesos. La Policía Federal incautó ese dinero, además del teléfono celular de Dotti y un boleto de compraventa.
“Los US$ 54.000 vienen de la herencia de mi familia. Uno de los títulos que lo demuestra se lo llevaron en el allanamiento. El resto estamos preparando para presentarlo ante el fiscal, la documentación que muestra que es herencia. Mi papá era profesor universitario, muy reconocido; mi mamá también, jubilada actualmente, pero profesora universitaria”, sostuvo la dirigente social en Crónica TV. “Sí, tenía guardada la plata debajo del colchón de la cama”, agregó
La dirigente piquetera también habló de cuáles son sus ingresos y de qué trabaja: “Yo trabajo de portera en un colegio del Estado y gano $500 mil y ese mismo monto que tenía ahorrado, se lo llevaron también durante el allanamiento. Mi hijo se va de viaje de estudio y estoy ahorrando”.
“En el celular no van a encontrar nada que me comprometa”, agregó, y denunció: "Es un ataque político. No hablé antes porque tenía que conversar con mis compañeros del Polo Obrero para dar una respuesta en conjunto y con mis abogados. Los medios no hicieron trascender que la mitad del dinero está justificada".
Por último, se refirió al operativo policial: “El allanamiento se realizó alrededor de las 5:30 AM que es el horario en el que me levanto para ir a trabajar. Ingresaron a mi domicilio 4 policías y 2 testigos de la calle. Afuera creo que había más policías. Fue un allanamiento ordenado.Hace 72 hs que están diciendo que soy una delincuente. Es una persecución muy fuerte y algunos periodistas ayudan porque presentan la noticia de una manera determinada para que así se entienda”.
La causa
La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la denuncia radicada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia por primera vez sobre estos hechos. Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
Se realizaron 27 allanamientos: Pertenecientes al Polo Obrero “Rivadavia I”: avenida Coronel Díaz 1815; barrio Rivadavia I, Casa 489 A; Hortiguera 1799; Holmberg 2858; Fernández 579; Camilo Torres 2066. Barrio La Carbonilla: Serrano 865; Fraga 930; sector 1 casa 56, manzana 2, edifico 15, casa 29. Villa 1.11.14: Avenida Varela 1115; Manzana 13, casa 96; Eduardo Porrini 30 (Ciudadela); Chiclana 3080; avenida Varela 2315; manzana 14, casa 33 (Villa 11.11.14); Monteagudo 730;Gregorio Pomar 4979.- Pertenecientes a FOL: Arenales 2257; Famatina 3314; Schweitzer 550 (Belén de Escobar); manzana 1 casa 126 (Villa 21-24), Herrera 197, calle 8 de diciembre (villa 21-24)- Pertenecientes a Barrios de Pie: Manzana 21, casa 77 (Villa 20); Julio Casales 5948; Pieres 485; manzana 22, casa 87 a fin de poder recolectar evidencia que acrediten los hechos”.
Los chats del apriete
Las personas que realizaron las denuncias en el 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión extorsionados para concurrir a las marchas.
Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.
Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos.
