En medio de un clima político dominado por la campaña electoral, el Gobierno salió con los tapones de punta contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Es que en un dictamen, la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció que la dirigente usó al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que preside para financiar su campaña electoral, algo no previsto en el objeto de su estatuto, autorizado por el Estado.
Es por ello que el organismo impulsa una denuncia para que se investiguen las supuestas irregularidades y busca intervenir la Comisión Directiva. Cerca de Bullrich rechazaron la acusación y hablaron de "operación política".
El dictamen lleva la firma del titular de la IGJ, Ricardo Nissen, y sostiene que “estamos en presencia de una asociación sin fines lucrativos a través de la cual, desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, pero que deviene ilícita por su real desarrollo y finalidad”. Ello porque, según el documento, “se procura el sostenimiento económico de una campaña política".
Es decir, detectaron una supuesta irregularidad en que el Instituto haya ejecutado "una actividad orientada al cumplimiento de un objeto indisolublemente distinto al que le compete a la asociación civil".
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia comenzó a investigar la asociación civil presidida por Bullrich a partir de la publicación en PERFIL y otros medios de artículos que hacían referencia a que la titular del PRO y candidata a presidenta cobraba 50 mil pesos por almorzar con ella.
Esos fondos, tal como mencionaba este medio, se recibían a través del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que ahora está en la mira.
“Detectamos que tuvieron ejercicios deficitarios y no podían pagar gastos corrientes y de repente, sobre todo desde 2021, los ingresos se incrementan exponencialmente en base al rubro seminarios, almuerzos, explicados en forma difusa, y llegan a casi 90 millones de pesos”, dijo a PERFIL Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector de la IGJ.
Según la resolución, se descubrió algo que no es nuevo: el uso de esa organización para el desarrollo de la campaña política. Sin embargo, ahí detectaron una ilegalidad y parámetros que dejan entrever la existencia de presuntas irregularidades, partiendo de la base de que en el objeto social la asociación persigue como fin los estudios en materia de seguridad y cuestiones relacionadas, pero nada vinculado a la actividad política partidaria.
Asimismo, detectaron un “exponencial crecimiento de los ingresos y egresos (de dinero)” ya que el Instituto “pasó, en pocos meses, de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de $90 millones”.
De falta de fondos a crecimiento "exponencial"
Esto último se refleja, por ejemplo, en que en el acta de reunión de la Comisión Directiva N° 184 se estableció que "resulta necesario resolver la cuestión económica del instituto, ya que hay que hacer frente al pago de alquiler, expensas y los servicios que ello conlleva". Más abajo, la resolución sostiene que en ese contexto Bullrich le pidió a los presentes "que se pongan en campaña en forma interna y externa para proporcionar fondos para financiar gastos corrientes".
Sin embargo, para 2022 los ingresos a la Institución superan los 85 millones de pesos: la mayoría ($66.250.306) en concepto de investigación, capacitación, jornadas y seminarios; $5 millones en concepto de aportes de personas humanas; $6 millones de personas jurídicas y el mismo monto por intereses de depósitos a plazo fijo. Ese crecimiento económico resulta sospechoso para el organismo.
En el dictamen, la IGJ indicó que se detuvo a analizar los estados contables y demás documentación legal necesaria para el funcionamiento regular de la asociación. Sin embargo, había faltantes: no estaban los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2019 ni los detalles del origen de los ingresos y demás documentación. Días después, la contadora Silvia Turetzky remitió la información y habló de "una omisión involuntaria".
La curva de ingresos del IEES de Patricia Bullrich
"Notamos muchas coincidencias en punto a lo que es el proselitismo a nivel nacional de la precandidata por el PRO, que es presidenta de la Asociación Civil. Esa entidad sufragaba gastos de viajes de ella tanto al interior del país como al exterior", sostuvo Cuiñas Rodríguez.
En relación a la curva de ingresos, la resolución sostiene que en 2016 ingresaron $20.200 pero el Instituto tuvo gastos por $36.710; en 2017 los ingresos fueron de $333.600 y los gastos llegaron a los $225.369. Para 2018 ese monto se elevó a $795.256.
Lo llamativo ocurre a partir de 2019: del ejercicio económico finalizaron el 31 de diciembre de ese año se desprende que los ingresos fueron de $741,93 mientras que los gastos ascendieron a $297.364. En 2020 los ingresos fueron de $488.989, "monto compuesto, casi en su totalidad, por aportes y donaciones"; y en 2021 se dio un salto en los ingresos hasta los $7.842.106 con donaciones por $1.700.000 y gastos por encima de los $3.9 millones.
Ahí, la IGJ hace foco: según la resolución "entre las actividades de la memoria del ejercicio no hay cursos y/o seminarios, pero en forma difusa señalan que trabajaron 'fuertemente en la gestión de recursos a través de la realización de seminarios y almuerzos con distintos sectores de la economía".
Por último, el balance del periodo 2022 no se presentó pero el organismo estatal pudo acceder a copias del libro diario, lo que permitió establecer que hubo ingresos por 85 millones de pesos: de ese total $66,2 millones en concepto de capacitaciones, jornadas y seminarios; $5 millones por aportes de personas; $6 millones de aportes de personas jurídicas y más de $6 millones de intereses de depósitos en plazo fijo.
Las consideraciones de la IGJ
Ante ese escenario, Nissen, titular de la IGJ, resolvió que se promueva "en forma inmediata" la intervención del Instituto "requiriendo el desplazamiento de los integrantes de su Comisión Directiva. También que se denuncie en sede penal y electoral al Instituto, su presidenta y los integrantes de su anterior y actual Comisión Directiva a causa de "la posible violación, a través de su accionar verificado y detallado de lo normado por ley".
"Entendemos que hay una violación a las normas de la ley de financiamiento a los partidos políticos. Y que ninguna asociación civil que tiene fines altruistas puede ser usada como soporte para financiar una campaña política. No es eso lo que está dentro de los objetos ni lo que fue autorizado por el Estado", añadió el funcionario.
Cerca de Bullrich hablan de una "operación"
Tras la aparición de la resolución, PERFIL consultó a fuentes cercanas a la presidenta del PRO. Indicaron que es una "operación política" y explicaron que se trata de un Instituto que funciona "hace mucho tiempo" al igual que como ocurre con los think tank de los diferentes espacios políticos.
A su vez, indicaron que no es casualidad que se publique la resolución a cuatro meses de las elecciones y que ahora se tienen que demostrar las supuestas irregularidades, que rechazaron de plano. En esa línea también indicaron que "a lo sumo te pueden hacer una multa por una cuestión impositiva".
En tanto, subrayaron que las cuestiones que están en la mira no involucran a fondos públicos, sean aportes o subsidios. "No le pedí nada al Estado, es una cuestión entre privados", concluyeron.
La movida, que llegó en la antesala de la campaña electoral, ahora será dirimida en la Justicia. Al cierre de esta nota todavía no se habían impulsado las denuncias en la Justicia.
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