El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que “los mecanismos institucionales de la provincia están funcionando” y negó terminantemente que el Poder Ejecutivo haya intervenido en el proceso constitucional que determinó la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche, quien encabezó la investigación que condenó al ex gobernador Sergio Urribarri.
“No es cierto que el gobierno provincial haya intervenido en el Jury contra la fiscal. El Poder Ejecutivo no tiene representación en la integración del jury y tampoco intervino en ese proceso porque eso es sencillamente imposible desde el plano jurídico", expresó Signes.
En esa línea, agregó: "Por el contrario el Poder Ejecutivo se limitó a contestar una demanda de amparo, sustanciada ante una jueza de primera instancia y ante el Superior Tribunal de Justicia, pero en un proceso diferente al jury que se sustanció ante un Tribunal Constitucional, que es el Jurado de Enjuiciamiento, regulado por una ley especial. Ni la Constitución ni la ley 9283 que es la que regula el Jury, prevé la intervención del gobernador, de modo que su intervención simplemente no es posible".
"En realidad fue la misma Dra. Goyeneche la que instó la intervención del Poder Ejecutivo, presentando un amparo para que el gobernador revoque una decisión del jurado de enjuiciamiento, que es un órgano constitucional”, subrayó Rodríguez Signes, y agregó: “A través de la Fiscalía de Estado ese amparo fue respondido con absoluta objetividad, explicando que el gobernador no tenía ninguna atribución para ratificar, corregir, modificar o anular una decisión de un tribunal de rango constitucional en el que el Poder Ejecutivo no tiene representación”.
Rodríguez Signes también sostuvo que “los mecanismos institucionales de la provincia están funcionando. A algunos podrá conformarlos un fallo, y a otros otro. Pero los procesos se están llevando adelante, y los organismos vigentes que la Constitución de la provincia establece están en funcionamiento y produciendo sus resultados. Se activan y cada uno hace lo que considera que tiene que hacer según su competencia”.
En ese marco, el titular de la Fiscalía de Estado, informó que la Dra. Goyeneche "se agravió de una resolución del Jurado de Enjuiciamiento que sustituyó el órgano de acusación".
En ese sentido, explicó que "la ley 9283 establece que cuando se sustancia un jury es el Ministerio Público Fiscal el órgano que sostiene la acusación. El Tribunal entendió que ese rol no podía ser cumplido por el Ministerio Público Fiscal en tanto sus responsables eran los propios denunciados, entonces lo sustituyó por un abogado de la lista de conjueces".
El fiscal de Estado dijo que "no le corresponde al Poder Ejecutivo inmiscuirse en una resolución de un Tribunal sobre el cual no ejerce ninguna competencia". Agregó que "los mecanismos de impugnación debían agotarse dentro del proceso de enjuiciamiento. Nosotros nos limitamos a responder ese amparo recordando que el titular del Poder Ejecutivo no tiene esas atribuciones”.
Por último, Rodríguez Signes destacó “la historia institucional y democrática de la provincia de Entre Ríos” y resaltó que “a lo largo las últimas décadas se han dado, producto del trabajo de fiscales y jueces de mucha trayectoria, innumerables condenas en causas de delitos contra la administración pública. En esa línea, llamó a ser “respetuosos de la política porque es el ámbito en el que la sociedad crea su institucionalidad, y es también donde esas instituciones se pueden sostener y mejorar”.
