La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva está activa. Muy activa. Ha multiplicado su hiperxposición en redes con un tema sensible: los migrantes. Emulando el modelo del ICE de Donald Trump y metiéndose con un tema que históricamente en la Argentina no ha sido conflictivo, la sucesora de Patricia Bullrich busca ganar terreno en la agenda del Gobierno exprimiendo una temática que le ha dado réditos a la Casa Rosada. Sin embargo, la política de seguridad deja flancos abiertos. “Las normas migratorias en la Argentina se endurecieron, el extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar”, sostuvo Monteoliva en un reciente video en sus redes en el que se emula la estética de las piezas comunicacionales de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, es decir, la jefa del temible Homeland Security del gobierno de los Estados Unidos.
La cartera de Seguridad criolla mira ese espejo y ha comunicado múltiples operativos, expulsiones y cifras respecto del nuevo tratamiento migratorio pese a que no figura entre las principales preocupaciones de la sociedad.
Monteoliva eleva su nivel de exposición a pocos meses de haber asumido y cuando todavía está pendiente el decreto que designará a Diego Valenzuela, actual legislador provincial bonaerense al frente de la Agencia Nacional de Migraciones, un dispositivo que podría replicar el accionar del ICE y que estará bajo la órbita de la cartera de Seguridad Nacional. El decreto está pendiente de ser publicado y viene demorado. Las explicaciones son “técnicas”, aunque no hay mayores precisiones. Según pudo saber este medio, es la estructura la que todavía está permanece indefinida.
Según surge del Presupuesto 2026 la Agencia contará con un recurso de $181 mil millones y tendrá como uno de los principales objetivos construir una Policía Migratoria, con el desafío o bien de reutilizar agentes de otras fuerzas o bien reclutar nuevos agentes aun en las condiciones salariales magras que atraviesan todas las fuerzas que depende del ministerio de Seguridad.
La ministra de Seguridad no solo expríme los temas migratorios. Las últimas manifestaciones alrededor del Congreso, contra el tratamiento de la reforma laboral, le permitieron a la ministra capitalizar el despliegue delos uniformados federales.
“Con nuestras Fuerzas garantizamos el orden en las calles para que el Congreso pueda sesionar y votar una modernización laboral que enfrente el 43% de informalidad”, dijo en un video con tono y épica de campaña. Monteoliva ha logrado ganarse la confianza de las fuerzas. Era la segunda de Bullrich y es en efecto una continuidad de los dos primeros años de gestión. En las fuerzas de Seguridad dicen sentirse “contenidos”, aunque reconocen que la situación salarial es mala. Se vio reflejado hace escasas semanas cuando un agente de la Policía Federal se encadenó en la Casa Rosada.
La magra atención médica también es un tema recurrente. Bullrich y Monteoliva se aseguraron de no continuar con el lastre del IOSFA, cuya gestión de Luis Petri no pude enderezar. Con el decreto 88/2026 se creó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) con el objetivo de brindar atención médica a la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero el decreto establece el plazo de un año para ponerla en funcionamiento y no se registrarán avances en el corto plazo.
Monteoliva cuenta con un dato en su haber: era la ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba cuando la rebelión de la Policía de Córdoba, que generó zozobra y duras críticas a la entonces presienta Cristina Kirchner. Su jefe era, por entonces, José Manuel De la Sota.
Es por ello que cuando vio la reciente protesta de la policía santafesina temió un efecto contagio. Mantuvo contacto telefónico con el gobernador, Maximiliano Pullaro aunque el radical no le pidió el envío de efectivos.
Los uniformados provinciales que realizaron la protesta eran los que no estaban de turno aunque y Monteoliva garantizó el patrullaje de las fuerzas federales. Un dato pasó por debajo del radar: pocos días antes Pullaro le había entregado 100 patrulleros a las fuerzas de federales. Pero no solo hubo conflicto salarial con la Policía de Santa fe. Esta semana se sumó Río Negro que puso en situación de alarma al mandatario Alberto Weretilnek. Cierto es que las policías dependen de las provincias, pero el ajuste de Nación y la decisión o no de asistir es del Gobierno federal y de la nueva jefa de Seguridad. Pullaro se vio forzado a dar un aumento del 50%. El ofrecimiento por parte del Gobierno de Río Negro de un aumento del 6% pagadero en cuotas desató un acampe que visibiliza el malestar.
Pese a la situación en algunas provincias, en as fuerzas federales sostienen estar en un 50% respecto de la Policía de la Ciudad. A eso, se suman miles de bajas tal como contó PERFIL.
Monteoliva y la cartera que conduce suma algunas otras aristas. Sigue sin haber novedades del gendarme Nahuel Gallo, si bien las tratativas están hoy en manos de la Cancillería. Al mismo tiempo, la reciente explosión en el piso 11 de la Escuela e Superior de Gendarmería causó estupor. Hubo evacuados y dos heridos. La encomienda en la que se encontraba el explosivo había sido recibido meses atrás. Solo hubo un comunicado por parte del ministerio y el compromiso de continuar trabajado para aclarar el hecho.
Las esquirlas de Santa Fe y Río Negro
En la madrugada del 9 de febrero, familias de policías se plantaron frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario para reclamar lo que venían pidiendo desde hacía tiempo: sueldos que alcancen para vivir. En pocas horas, más de cien móviles cortaron la calle con sirenazos. El conflicto se extendió rápidamente a Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo. El gobernador Maximiliano Pullaro reconoció que el reclamo era justo, pero endureció la postura: pasaron a veinte efectivos a disponibilidad y la fiscalía abrió causas penales. Después de varios días, la salida llegó con un anuncio salarial: Pullaro garantizó un mínimo de $1.350.000 y un plus para quienes trabajen en zonas de mayor conflictividad. El “efecto Santa Fe” cruzó la Patagonia: en Río Negro, el Consejo de Bienestar Policial rechazó una oferta oficial que contemplaba un aumento de casi el 7% escalonado en cuotas y un bono. Los policías no aceptaron y anunciaron un acampe indefinido frente a la Casa de Gobierno, en Viedma. Exigen un mínimo inicial de $1.800.000.
