El Gobierno nacional y los poderes ejecutivos provinciales y porteño desobedecen las sentencias “firmes” de la Corte Suprema. Restitución de funcionarios, distribución equitativa de la pauta oficial, recomposición de los haberes jubilatorios, el saneamiento del Riachuelo y el cumplimiento del derecho a la vivienda son los casos centrales en donde el poder político desoye al máximo tribunal.
“Si hay resoluciones desoídas de manera premeditada, atentan contra la división de poderes”, explica una alta fuente judicial, ante la posibilidad de lograr el Gobierno un fallo adverso sobre la Ley de Medios. Van algunos ejemplos:
- Santa Cruz: en 2009, la Corte ordenó restituir en su cargo al ex procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, tras haber sido echado por Néstor Kirchner en 1995. Para los ministros, el incumplimiento por parte de Santa Cruz “constituye un desconocimiento del principio de división de poderes”. En 2010, la Corte denunció penalmente al gobernador santacruceño.
- Pauta oficial: el tribunal se expidió dos veces a favor de Editorial Perfil, ratificando la obligación del Gobierno nacional de distribuir la publicidad oficial de manera “proporcional y equitativa” a sus medios. Tampoco es cumplido.
- Jubilaciones: en julio, la Corte estableció en el fallo Betancur que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del sueldo promedio al momento en que el trabajador se retira de la actividad. En una causa contra Anses, impulsada por el defensor del Pueblo en representación de todos los jubilados, se pidió el reajuste de las jubilaciones de acuerdo a los parámetros dados ya por la Corte.
La deuda representa para Anses un total de $ 37 mil millones por año y otros $ 71 mil millones en pagos por retroactividad. El titular de Anses, Diego Bossio, aclaró a los ministros que no alcanzan los fondos del organismo para extender los fallos de la Corte a todos los jubilados
