La legisladora porteña Graciela Ocaña se sumó a las denuncias del fiscal Carlos Stornelli, investigado por el juez Claudio Bonadío, al revelar que parte de “la caja” usada por el PAMI y surgida de los préstamos investigados, habría sido usada para ampliar el personal no médico de la entidad.
La sede central del PAMI fue allanada ayer por orden del juez federal Claudio Bonadío en una causa en la que se investigan presuntos préstamos indebidos del organismo al Tesoro de la Nación.
Fuentes judiciales informaron a DyN que de las oficinas se retiró documentación que podría ser de utilidad en la causa que fue abierta por una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli quien buscaba detectar supuestos ilícitos en la construcción de los Hospitales del Bicentenario. Además se investiga el esquema de cooperación con la Sedronar en materia de registro de precursores químicos y el financiamiento al Estado.
Según la denuncia, el origen de los fondos irregulares estaría envuelto en el sistema de préstamos que el PAMI le hizo al Tesoro de la Nación durante los últimos años, cuando al frente del organismo se encuentra Luciano Di Cesare.
En diálogo con Perfil.com, la exdirectora del PAMI dijo: "El tema es dónde está el dinero que debió haberse utilizado en las prestaciones y se usó para incrementar en un 60% el personal no médico. No se incrementó el plantel de asistences sociales, sino la caja política. Han malversado todos los recursos. Hoy el PAMI tiene problemas, se cortan prestaciones, hay hospitales a medio hacer, y para colmo se triplicaron los presupuestos. Mi gran temor es que el PAMi se quede sin plata".
Ocaña abundó en detalles sobre la investigación judicial: "Todo comenzó con una investigación de Lanata sobre los gastos en el PAMI. Stornelli que conoce bastante del PAMI, presentó la denuncia. El PAMI funcionó como prestamista y prestó 2300 millones de pesos a cambio de Letras del Tesoro. Bonadía investiga estos préstamos, porqué se tomaron, donde usaron la plata, las 6000 personas que tomaron, etc".
"Hay ambulancias nuevas, pero muchas de las cuales aún están sin usarse porque no se produjo el nombramiento de médicos, de conductores. No son nombrados, pero sí nombran a personal político", agregó.
El diario La Nación consignó que oficiales de Justicia subieron ayer escoltados por personal de seguridad hasta el primer piso donde está la gerencia Económica Financiera, a cargo de Laura Domínguez Garaboni, que durante el allanamiento estuvo acompañada por el gerente de Asuntos Jurídicos, Roberto Guaresti.
"Se llevaron copia de todo... Incluso lo que había en todas las computadoras", dijo al matutino uno de los empleados que estuvo presente durante las seis horas que duró el proceso.
En el oficio de allanamiento el juez requirió la documentación relativa a la construcción de los Hospitales del Bicentenario en las localidades de La Matanza -Rafael Castillo y Laferrere-, en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodríguez, además de Entre Ríos.
Es que seis años después del anuncio que realizó Cristina Fernández de Kirchner, y pese a los gastos multimillonarios que ya se hicieron hasta el momento aún no funciona ninguno de los centros de salud que el Estado financia a través del PAMI.
