Seis años antes de que el gobierno de Alberto Fernández avanzara contra la agroexportadora Vicentin, las autoridades de los Estados Unidos habían levantado una alarma por operaciones financieras entre la empresa argentina y la multinacional Glencore, la gigante suiza y primera comercializadora de materias primas a nivel global.
Así surge de entre los más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN por su acrónimo en inglés), que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados, entre ellos, La Nación, Infobae y PERFIL. Esta nueva filtración, denominada FinCEN Files, incluye reportes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que son ultra secretos y transacciones reportadas por bancos y otras instituciones financieras.
El 8 de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentin y un proyecto de ley para expropiar el holding, actor central en el mapa agroindustrial de la Argentina. Tras un fallo judicial, la resistencia de los directivos de la empresa y manifestaciones públicas contra la medida, el Presidente debió desistir de su estrategia inicial.
Sin embargo, la embestida contra Vicentin sigue abierta en los tribunales a través de las acciones de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación que insisten en que se investigue a Vicentin por presunto lavado de dinero, facturación trucha, evasión y fraude, según confirmaron estos organismos. La agroexportadora -que está en concurso preventivo por una deuda de alrededor de $1.000 millones- se defiende de esa embestida oficial, justifica sus operaciones con escritos judiciales y comunicados para la opinión pública.
El Gobierno desistió de estatizar Vicentin pero la embestida contra la agroexportadora sigue abierta en los tribunales.
Según los documentos analizados en esta nueva filtración, entre 2014 y 2015, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTC) elaboró dos reportes de operaciones sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) vinculadas a la multinacional Glencore Grain, debido a que la firma fue investigada por soborno trasnacional. Para el banco, el propósito comercial de las transacciones no pudo ser debidamente justificado. Un primer reporte identificó 773 transacciones por más de US$566 millones realizadas entre enero y febrero de 2014. El segundo SAR encontró 310 transacciones por más de US$259 millones enviadas y recibidas entre mayo y junio de 2015.
Para el banco, el propósito comercial de las transacciones no pudo ser debidamente justificado.
Entre las decenas de empresas que fueron “contrapartes” de estos giros de Glencore figuró Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina que fue denunciada en reiterados escritos de la UIF y el Banco Nación ante la Justicia argentina. En el primer reporte –el que corresponde a enero y febrero de 2014-, las autoridades de los Estados Unidos no especificaron el monto de las operaciones. Pero en el segundo SAR detallaron un giro puntual entre ambas compañías. “El 12 de mayo de 2015 Glencore Grain BV envió una transacción por US$12.610.950 a un solo beneficiario, Vicentin Paraguay SA”, señaló el reporte del DBTC.
Bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), los bancos están obligados a ayudar a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, actividades presuntamente irregulares y otros posibles delitos. Un SAR no es una acusación, es una forma de alertar a los reguladores gubernamentales. En muchas ocasiones, son solo reportes elaborados por protocolo, porque alguna de las partes está bajo investigación en algún lugar del mundo.
Consultados por el equipo argentino de FinCEN Files, desde Vicentin justificaron las operaciones de su subsidiaria paraguaya con Glencore y aseguraron que formó parte de su operatoria comercial habitual. “No tuvimos transacciones en enero y febrero de 2014, sí hubo a partir de marzo cuando se le vendieron 16.500 toneladas de soja por U$8 millones. Fue el primero de seis barcos que se exportaron ese año a Glencore y que sumaron 207.000 toneladas de soja, para que ellos la comercializaran en la Unión Europea sin pasar por la Argentina”, señalaron desde la agroexportadora.
“Fue el pago de un contrato por 33.000 toneladas de soja paraguaya", dijo Vicentin para explicar los US$12,6 millones que recibió de Glencore.
Con respecto a los US$12.610.950 que Vicentin Paraguay recibió en mayo de 2015, desde la empresa justificaron: “Fue el pago de un contrato por 33.000 toneladas de soja paraguaya. Fue embarcadas el 3 de mayo de 2015 en el navío NV Ocean Rider, y el cobro fue una cuenta del Banque Cantonale Vaudoise (BCV) que financiaba en ese momento nuestra operación en Paraguay”.
Las “batallas” contra Vicentin
Las operaciones de Vicentin en Paraguay durante los años de las transacciones detectadas por la FinCEN tuvieron relación con la crisis entre el campo y el kirchnerismo.
Vicentin abrió una subsidiaria en Paraguay en 2005 con el objetivo de comprar soja, importarla e industrializarla en Argentina para luego exportar aceite y harina. De ese modo, sacaba provecho del “régimen de admisión temporaria para el perfeccionamiento industrial”, sistema que permitía importar sin aranceles ni tributos con el fin de agregar valor en el país y exportar en un plazo determinado. Sin embargo, en 2009 –tras el capítulo de la 125- ese régimen se derogó, como parte del enfrentamiento con la industria oleaginosa. Recién en 2016, Mauricio Macri repuso el sistema.
Vicentin abrió una subsidiaria en Paraguay en 2005 con el objetivo de comprar soja, importarla e industrializarla en Argentina.
Vicentin fue uno de los aportantes de las campañas electorales de Macri desde 2015. La empresa donó, a través de distintas firmas, un total de $27,5 millones a Cambiemos, según los informes de financiamiento electoral y partidario que se entregan ante la Cámara Nacional Electoral, como publicó La Nación.
Entre 2009 y 2016, entonces, Vicentin Paraguay comercializó directamente con los traders multinacionales sin pasar por la casa matriz argentina. Un informe reciente del Banco Nación de 121 páginas, “según datos de comercio exterior, la sucursal en Uruguay (de Vicentin) explicó entre un 70 y un 78% de la facturación de las exportaciones de Vicentin Paraguay”. Es decir que, según el informe, Vicentin Paraguay trianguló buena parte de sus operaciones a través de otra sucursal en Uruguay para evitar el paso de los fondos por la Argentina. Es uno de los argumentos del Nación para acusar a la agroexportadora de presuntamente vaciar la empresa en Argentina, que está en concurso preventivo.
Entre 2009 y 2016, entonces, Vicentin Paraguay comercializó directamente con los traders multinacionales sin pasar por la casa matriz argentina.
Vicentin explicó al equipo argentino de FinCEN Files que su sucursal en Paraguay funciona como broker con una oficina pequeña que le compra a productores, acopiadores y cooperativas una soja de muy buena calidad, por las condiciones climáticas de ese país.
Al momento de las operaciones detectadas por los SARS del Deutsche Bank, además, Glencore y Vicentin Paraguay eran socias en Renova, una de las plantas de biodiesel más grandes del mundo con sede en Argentina.
En diciembre de 2019, cuando Vicentin se declaró en asfixia financiera por las deudas acumuladas con acreedores extranjeros y nacionales, Vicentin Paraguay le vendió el 16,67% de las acciones que tenía en Renova a Oleaginosa Moreno (controlada por Glencore), a través de una empresa vinculada a la multinacional suiza llamada Renaisco BV. Según el Discovery que se abrió en Nueva York a pedido de los acreedores externos de Vicentin, esa operación se hizo por casi US$123 millones.
Denuncias y defensa
El Gobierno viene denunciando a Vicentin ante la Justicia por presuntas maniobras de fraude, vaciamiento empresario, fuga de capitales, evasión y lavado. Para el Gobierno, la insolvencia financiera de Vicentin es sospechosa porque la firma pasó de ser la sexta empresa con mayor facturación del país en 2018 a declararse en cesación de pagos a finales de 2019.
Mientras que el juez civil y comercial de Reconquista, Fabién Lorenzini, tramita el concurso de acreedores de Vicentin, en los tribunales de Comodoro Py, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigan en una causa penal los préstamos que el Banco Nación (BNA) le hizo a la agroexportadora durante la gestión de Mauricio Macri, que acumularon una deuda de más de $18.000 millones.
Para el Gobierno, la insolvencia financiera de Vicentin es sospechosa.
Con el cambio de gobierno, Claudio Lozano –que hoy se desempeña como director en Nación- elaboró tres informes sobre la situación económica y financiera de Vicentin. Para Lozano resulta poco creíble el alegado estado de insolvencia de la compañía, porque otras firmas del grupo – muchas de ellas radicadas en el exterior –habrían visto crecer sus patrimonios y cuentan con fondos suficientes para solventar las deudas.
Además, Lozano asegura que Vicentin utilizó su subsidiaria en Paraguay porque en ese país las exportaciones están exentas de impuestos. Desde la agroexportadora rechazan esta lectura porque señalan que en Paraguay se le paga el precio lleno de Chicago al proveedor de soja. En cambio, dice, en la Argentina a ese valor se le deducen las retenciones que pagó el pequeño productor.
Lozano asegura que Vicentin utilizó su subsidiaria en Paraguay porque en ese país las exportaciones están exentas de impuestos.
Otra de las sospechas del Gobierno y de los abogados que representan a los acreedores es que Vicentin se valió de la red de sociedades offshore de Glencore para sacar divisas al exterior y lavar dinero. La AFIP, en tanto, denunció en los últimos días penalmente a los directivos de Vicentin tras detectar supuestas "maniobras" de facturación apócrifa para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto estimado en $110.000.000.
“Eso es ridículo”, replicaron desde Vicentin respecto a las denuncias por lavado. En un reciente escrito judicial la empresa se defendió: “Nos vemos en la obligación de formular aclaraciones y desmentir falsedades que se vienen ventilando públicamente. Lamentablemente el accionar de personajes irresponsables y ávidos de figuración como Claudio Lozano termina judicializando lo que debería quedar en meras expresiones políticas. Las agencias estatales involucradas se pliegan rápidamente a ellas multiplicando los esfuerzos necesarios para hacer frente a las inexactitudes y las falsedades”.
*El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).
