Romina Picolotti, el caso testigo de cómo se demora un juicio en la Argentina
La denuncia en contra de la ex secretaria de Ambiente data de 2005, pero recién este lunes 27 de septiembre de 2021 la condenaron. En el medio, 14 años de maniobras, recursos y dilación de tiempos.
Romina Picolotti Antes y después |
Cedoc Perfil
Una de las principales quejas que surge en torno al trabajo de la Justicia en la Argentina apunta a los extensos tiempos que maneja, que en algunos casos juega a favor de que los delitos que se juzgan queden prácticamente diluidos, entre otros efectos colaterales. Si hubiera que poner un ejemplo, el de Romina Picolottisin dudas entraría: la ex secretaria de Ambiente recién fue condenada el lunes 27 de septitiembre de 2021, a tres años de prisión en suspenso y el pago de casi $7 millones por un usar fondos del Estado para sus propios intereses en hechos ocurridos hace 14 años.
La noticia de la condena leída por la jueza Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel del Tribunal Oral Federal (TOF) N°6 fue replicada por casi todos los medios ya que el caso no solo resulta llamativo por los gastos de fondos públicos que Picolotti hizo en restaurantes, regalos y vuelos, entre otros, sino también por la duración del proceso.
La funcionaria encabezó la cartera ambiental entre 2006 y 2008, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner le pidió la renuncia. Es que un año antes, el diario Clarín había publicado un artículo denunciando los raros manejos que había en la Secretaría de Ambiente: desde contratos para parientes hasta viajes en aviones privados con justificaciones llamativas, sin dejar atrás consumos en restaurantes y regalos.
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Picolotti tuvo el apoyo del gobierno nacional hasta que la decisión de la actual vicepresidenta la dejó afuera. Ya había pasado más de un año de la denuncia y casi otro año más demandarían sus explicaciones ante la Justicia. Recién en noviembre de 2009 fue citada a declaración indagatoria en el Juzgado de la María Servini, por pedido del fiscal de la instrucción, Guillermo Marijuan. También lo hizo en 2011.
El procesamiento de Romina Picolotti
Tras su última declaración, en los medios no se reflejaron novedades ni avances en la causa judicial durante más de dos años. Fueron meses y meses hasta que recién en 2014 finalmente fue procesada por la jueza Servini tras considerar que Picolotti había usado fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales.
En todos esos años, la sospechosa ex funcionaria junto a su defensa ya habían despegado una importante cantidad de recursos ante la Justicia con el objetivo de estirar los tiempos al máximo.
Un ejemplo de ello es la demora que efectuaron para presentar la apelación al procesamiento de la jueza. En realidad, ocurrió que el abogado de Picolotti, Felipe Truco, no estaba matriculado en la Ciudad de Buenos Aires y sólo contaba con autorización para ejercer en Córdoba. De acuerdo al portal Expediente Político, Servini lo instó a que se matricule en la Ciudad de Buenos Aires o bien que otro abogado con matrícula local sea quien la firme.
Después del embrollo, finalmente se presentó la apelación ante la Cámara porteña, que en diciembre la rechazó y dejó firme la decisión de Servini por el delito de administración fraudulenta.
Viaje a Estados Unidos y pedido a la Corte Suprema de Justicia
Otro de los capítulos clave en la extensión de los tiempos procesales del Caso Picolotti fue cuando en el año 2015 la sospechada ex funcionaria se fue a vivir a Estados Unidos para trabajar en una institución vinculada a la defensa del medioambiente. Su decisión motivó varios inconvenientes entre el fiscal Diego Luciani, que se oponía a que la dejen ir en medio del proceso, y la defensa de Picolotti.
Sin embargo, ese mismo año la jueza decidió enviarla al juicio oral por el que fue condenada a tres años en suspenso y la devolución del dinero público gastado, que a valores actualizados asciende a casi $7 millones. Dos meses antes de firmar su decisión de someterla al juzgamiento del Tribunal Oral, Marijuan había dado por concluida la etapa de investigación fiscal de los hechos.
Poco tiempo después que salió sorteado el TOF N°6 para la realización del juicio oral, Picolotti por medio de su defensa presentó una recusación contra los integrantes de ese Tribunal y a fines de diciembre de 2016 la Cámara Federal decidió rechazar el planteo.
A esa altura del proceso, la defensa de Picolotti estaba claramente obstinada en agotar todos y cada uno de los recursos, tanto que en 2017 presentaron ante la Corte Suprema un planteo de prescripción y de nulidad de la elevación a juicio. Por unanimidad, en septiembre de ese año los supremos declararon la inadmisibilidad de la queja por estar fuera de los parámetros establecidos en el reglamento.
El inicio del juicio oral de la causa de Romina Picolotti
Si bien no había fechas concretas, en 2018 el TOF había anticipado que el juicio contra Picolotti iba a comenzar durante el segundo semestre del año, pero los tiempos se extendieron todavía más. Es que la acusada presentó una serie de pedidos para que los jueces la autoricen para extender su residencia en Estados Unidos, algo que pospuso el inicio del proceso de juzgamiento.
Iba a comenzar el 2 de septiembre de 2019, pero lo postergaron para abril de 2020. Ese año, Picolotti presentó un pedido de excepción por falta de acción y extinción de la acción penal por duración irrazonable del proceso. Ese planteo fue analizado por la Cámara de Casación que tuvo su dictamen a principios de 2021.
Picolotti con Alberto Fernández. El actual presidente era jefe de Gabinete cuando asumió Picolotti.
La etapa que tuvo un avance este lunes 27 de septiembre con la lectura de la condena (aún restan los fundamentos), inició en febrero de este año, y a comienzos de septiembre el fiscal Luciani pidió a los jueces que se la condene a tres años y nueve meses de prisión en el marco de la ronda de alegatos. El turno de la defensa llegó a mitad de mes y finalmente a comienzos de esta semana se escuchó la resolución del TOF.
El veredicto, junto con el juicio que duró seis meses, se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Como ocurre en gran parte de los procesos que se juzgan en pandemia, la acusada no tuvo que viajar a la Argentina, sino que escuchó la condena desde su casa en Miami.
Cuando el próximo 25 de noviembre a las 16 se lean los fundamentos de la condena, habrán pasado 14 años y cuatro meses de la denuncia que dio origen a la causa. Ese tiempo llevó analizar un sinfín de recursos, artilugios, maniobras y especulaciones que demoraron el proceso de justicia.
