Mientras la discusión pública gira alrededor de la Corte Suprema, el proyecto de reforma judicial dejó algunas dudas sobre qué le deparará a la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país (después de la Corte).
El texto enviado por el Ejecutivo al Senado propone crear un nuevo Fuero Penal Federal con asiento en Capital Federal, que implicaría una nueva estructura del Poder Judicial: busca sumar al menos 66 nuevos cargos de jueces y fiscales sólo en este fuero. Además, propone crear otros 94 juzgados federales y 85 fiscalías federales en lo penal en las provincias.
La cabeza de este fuero penal federal sería la Cámara Federal de Casación, el tribunal encargado de revisar las actuaciones de los jueces federales de todo el país. Es el máximo tribunal en la estructura federal penal que, de aprobarse el proyecto, vería multiplicado su caudal de expedientes.
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En el texto del proyecto de ley, el oficialismo no hace mención a la posibilidad de ampliar la composición de la Casación Federal. Ante la consulta de PERFIL, el Ministerio de Justicia aún no respondió cuáles son los planes del Ejecutivo para este tribunal.
Actualmente, la Casación Federal está compuesta por 13 jueces, todos titulares (se terminó de completar durante el gobierno de Cambiemos) y tiene 4 fiscalías, una de ellas vacante. Los jueces casi triplican en cantidad a los ministros de la Corte Suprema.
La Casación Federal revisa las sentencias de los tribunales en los juicios orales y públicos. Puede confirmar o revocar una condena; pero también decide sobre los fallos de juzgados de primera y segunda instancia, sobre libertades, procesamientos y sobreseimientos; y es el paso previo a la Corte, entre otras funciones. Además, se encarga de cuestiones administrativas. En los tribunales de Comodoro Py 2002, por ejemplo, la Casación Federal maneja el funcionamiento del edificio y de la seguridad.
El proyecto de ley sí habla de otro tribunal: la Cámara Nacional de Casación, que revisa las actuaciones de los tribunales nacionales (no federales). Según el proyecto, estos juzgados y tribunales pasarán a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo a los jueces de la Casación que manifiesten su conformidad expresa con el traslado. En esa jurisdicción ya hay un tribunal similar: el Tribunal Superior de Justicia porteño. La Ciudad deberá decidir cómo articulará estos tribunales superiores.
En el texto enviado al Senado para su tratamiento, el Ejecutivo otorgó a la Casación Nacional una función clave en el nuevo esquema del Fuero Penal Federal, apartando a la Casación Federal de esa misión: elaborar una lista con todos los magistrados y las magistradas del fuero nacional (que pasaría a la Ciudad) que deseen subrogar” los nuevos 23 juzgados penales federales que propone crear el proyecto de ley.
Luego el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y el Senado terminarán la selección de los 23 magistrados subrogantes hasta que se realicen los concursos para designar a los titulares definitivos. Estos nuevos 23 juzgados tendrán a su cargo expedientes de presunta corrupción, lavado de activos, narcotráfico, contrabando, trata de personas, entre otros delitos federales.
