“Si el concepto de ajuste es volver a poner orden en las cuentas públicas, lo estamos haciendo. (...) A diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están: los que exportan, los que producen petróleo o metales, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales”.
La respuesta del presidente Alberto Fernández, el jueves por la noche en el programa La Rosca, en TN, es cierta solo en parte, porque está incompleta. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que aprobó el Congreso hace una semana acomodó el escenario fiscal de cara a 2020. Consultoras privadas estiman que sin cambios el país hubiera tenido un déficit fiscal primario de 2 a 3% del PBI, pero ahora se asoma a la posibilidad de tener equilibrio entre lo que recauda y lo que gasta o hasta un leve superávit de las cuentas públicas.
Para conseguirlo, incluyó un fuerte aumento de impuestos sobre los sectores que el primer mandatario detalla, que según un promedio de los cálculos redundaría en una mayor recaudación por cerca de un 2% de toda la riqueza que genera el país en un año (el PBI), es decir, cerca de unos US$ 6 mil millones.
Pero lo que no detalla Fernández y que se pierde en los debates con eslóganes es que también la suspensión de la movildiad jubilatoria prevista hasta que en junio se legisle otra diferente implica un aporte adicional a la holgura fiscal, en este caso con un ahorro en el gasto público de entre 0,5 y 1 punto del producto, según quién haga el cálculo. Es decir, entre US$ 1.500 y US$ 3 mil millones de dólares tomando siempre como referencia un PBI del orden de los US$ 300 mil millones al año, en números redondos.
Bajo un calor sofocante, jubilados hacen colas para cobrar el bono "solidario"
Por lo que han declarado desde el Poder Ejecutivo y viendo las medidas tomadas hasta ahora, como el bono de $ 5 mil pesos que se empezó a pagar ayer y se repetirá en enero, es posible que el ajuste jubilatorio no recaiga en los pasivos que ganan la mínima, pero sí, en cambio, en un número no menor de los que ganan no sólo haberes de privilegio sino entre 19 mil y 38 mil pesos, el importe en el que hoy se ubica la “canasta del jubilado” que mide la Defensoría de la Tercera Edad que comanda Eugenio Semino. Lo que ellos dejen de mejorar sus ingresos según lo que hubieran cobrado con la fórmula ahora suspendida, será la contracara del menor gasto del Estado, y contribuirán, como los sojeros, también al ajuste fiscal.
Números. Se trata, con todo, de un cálculo que hasta ahora ha quedado perdido no solo por los acalorados debates sino también porque el Gobierno no ha especificado el impacto fiscal de la medida y también por la complejidad de su estimación.
Calcular cuánto será el ahorro para el Estado y por ende la pérdida de poder adquisitivo para un grupo de jubilados implica una serie de supuestos que incluyen qué aumentos discrecionales dará el Gobierno en el primer trimestre, cómo evolucionará la inflación en 2020 y cómo será la nueva ecuación de actualización de los haberes que paga la Anses.
Si se impone la idea hoy dominante en el Gobierno de aplicarles la fórmula suspendida en marzo a los que ganan la mínima y luego extender ese pago como suma fija en el resto de la pirámide previsional, el estudio Eco Go, que lidera Marina Dal Poggetto, ubica el ajuste por jubilaciones entre el 0,5 y 0,7% del PBI. Un informe de la consultora Elypsis que comanda Eduardo Levy Yeyati situó en cerca del 1% el ahorro por esta vía.
En tanto que el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social que integran, entre otros, los especialistas en finanzas públicas Diego Fernández, Nadia Chalin y Ana Quevedo, calcula que en un escenario de aumentos discrecionales hay un menor gasto en línea con el 0,5%, del PBI, y detalla quién sufrirá el mayor ajuste en la pirámide jubilatoria que, como marca el discurso oficial, se busca “achatar”.
Según datos de la Anses, los que pondrán el hombro en este caso serán unos 3 millones de jubilados que cobran más de la mínima y que si se “achata la pirámide” resignarían poder de compra para que el Estado ahorre. Un ejemplo: “En el caso de un jubilado que percibe dos haberes mínimos ($ 28.136), el deterioro se aproxima al 6,7% entre diciembre de 2020 y diciembre de este año, y a 8,5% en el promedio anual”, detalla el Geres. Se trata de un sector que perdió, recuerda el informe, un 15% en los últimos dos años. Un punto a favor de lo que marca Fernández: el trabajo remarca que el universo de los que cobran la mínima, otros 3 millones de jubilados pero también más de 4 millones de beneficiarios de la AUH, conseguirían, gracias a los bonos de diciembre y enero, a posibles pagos discrecionales y a una estimación de una nueva fórmula, ganarle a la inflación por casi un 3%.
La decisión de modificar la fórmula jubilatoria, que hubiera implicado un incremento de más del 52% para los haberes jubilatorios, y por ende para buena parte del gasto del Estado, era una medida que anticipaban los economistas de todas las líneas políticas. Se trata de una “desindexación” del gasto vinculado a la inflación pasada, necesaria, según explicó el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, para estabilizar la economía.
