POLITICA
Luciano Di Cesare

Procesaron al extitular del PAMI K por administración fraudulenta

Cobró un día antes de que asuma Macri1.300.826,77 pesos en concepto de vacaciones no gozadas entre 2004 y 2012.

Luciano Di Cesare, extitular del PAMI.
| DyN

Luciano Di Cesare, el extitular de la obra social de los jubilados PAMI durante la gestión kirchnerista, fue procesado -según pudo confirmar Perfil.com- por el juez federal Ariel Lijo por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El fallo judicial se tomó por la denuncia que había realizado en diciembre el actual titular del PAMI, Carlos Regazzoni, quien había descubierto al iniciar su gestión que Di Cesare cobró la suma de 1,3 millón de pesos en concepto de vacaciones entre 2004 y 2012 que no habría gozado.

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La denuncia plantea que se debe investigar si Di Cesare perpetró tres delitos: "Defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta", y "negociaciones incompatibles con la función pública".

En mayo, Lijo había tomado declaración indagatoria al último director kirchnerista del organismo y le imputó "haber defraudado al Estado Nacional por la suma 1.300.826,77 pesos".

La investigación determinó que Di Cesare solicitó la liquidación de sus vacaciones el 9 de diciembre y que al día siguiente –cuando Macri asumió la Presidencia de la Nación– el dinero fue transferido de una cuenta oficial del organismo a una cuenta bancaria personal del exfuncionario.

A su vez, Di Cesare tiene otra causa donde se lo investiga por la compra de Letras del Tesoro entre 2008 y 2012 por parte del PAMI y que -según Bonadio- "impidió" que la entidad "contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios".

El PAMI "financió durante cinco años al Estado Nacional a costa de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación. A su vez, lo hizo sistemáticamente sin intervención previa de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión", sostuvo el juez.