La crisis económica de Santa Cruz es cada vez más fuerte y a pesar de los ingresos que espera recibir su gobernadora Alicia Kirchner a través de nuevos créditos, la pregunta es hasta cuando podrá sostener este nivel de déficit sin que se llegue a una situación de paralización total. El gobierno nacional insiste públicamente que no está en carpeta la posibilidad de una intervención federal, pero se muestra cada vez más reacio a enviar ayuda económica al distrito K.
¿Puede una provincia quebrar? ¿Qué dice la ley sobre la intervención federal? ¿Quién tiene facultades para intervenir? Estas son varias de las preguntas que suenan con este contexto político/social en Santa Cruz. El artículo 6 de la Constitución Nacional asegura sobre la intervención: "El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisión de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia". No se hace mención a una cuestión exclusivamente económica.
El Poder Ejecutivo tiene dos alternativas al momento de una medida semejante: A través de un decreto del Presidente que luego debe ser refrendado por el Congreso o que el jefe de Estado envié el proyecto de intervención a las Cámaras para que sean ellas quienes aprueben la medida. Declarada la intervención, el Gobierno Nacional nombra un interventor por 180 días, plazo que puede prorrogarse, y cumplido ese tiempo tendrá la obligación de restituir el Poder en la provincia llamando a elecciones.
Consultado por Perfil, el abogado especialista en concursos y quiebras, Daniel Roque Vítolo, despejó dudas: "En la Argentina, ningún Estado puede quebrar. Los sujetos a derecho público no son concursables bajo la ley de quiebras". En ese sentido, agregó que es unicamente facultad del Presidente algo así: "La Justicia no puede colocar interventor judicial ni puede decirle al Poder Ejecutivo que lo haga"
El último caso registrado sucedió en Santiago del Estero. El presidente Néstor Kirchner dispuso en 2004 la intervención federal por denuncias de corrupción y de persecución política por parte de la gobernadora Nina Juárez y su marido Carlos Juárez. Fue nombrado como interventor Pablo Lanusse, quien llamó a elecciones y consagró ganador el radical Gerardo Zamora.
Otro de los casos más resonantes fue Corrientes. En diciembre de 1999, a pocos días de asumir, Fernando De La Rúa pidió al Congreso que se intervenga la provincia. Las crónicas de aquellos días cuentan que el entonces gobernador interino Hugo Perié recibió el llamado del ministro del Interior Federico Storani, quien le pidió saber los últimos movimientos políticos en el litoral. Y Perié le dijo: "Freddy, esto no da para más. O mandás la plata o mandás la intervención". A las pocas horas todo fue aprobado por ambas Cámaras.
Storani habló con Perfil y recordó el caso correntino para analizar la situación actual de Santa Cruz. ¿Está dado el contexto para una intervención? "En principio todavía no. Esto es una pulseada política donde el propio gobierno de la provincia puede estar buscando esto para sacarse el problema de encima. El problema que tienen es que es ingobernable si no le dan dinero de Nación", consideró.
Para el dirigente radical "en Santa Cruz por ahora hablamos de una cuestión económica, distinto a lo que se vivía en Corrientes donde estaba el puente tomado, habían pasado años sin pagar sueldos y la policía estaba sublevada. Además, facciones de la derecha peronista nos llamaban para pedir la intervención con algunos puntos a negociar". Casi 20 años después, Storani graficó la situación así: "Un día Corrientes tuvo 3 gobernadores en solo 24 horas. Todo el sistema político pedía que intercedamos".
