El juez federal Claudio Bonadio reactivó la causa en la que investiga el presunto pago de millonarios sobrecostos en la importación de gas natural licuado (GNL) durante la gestión del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al frente de Enarsa. Por instrucción del magistrado, el jueves por la mañana personal de la Policía Federal se presentó en al menos cuatro agencias marítimas para requerir información relativa a la compra de cargamentos de GNL entre 2008 y 2013, un negocio que en ese plazo le costó al Estado más de US$ 10 mil millones.
Los investigadores se llevaron documentación referida a la importación de más de 200 buques metaneros de gas de las agencias Walsh, Dulce, Helénica y Meridian Marítima. Por mandato de Enarsa, la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004, esas empresas se encargaron de contratar servicios y cubrir todo el espectro de trámites administrativos en Aduana y Prefectura.
“Bonadio se llevó documentos de embarque, en los que figuran datos específicos de cada barco, como la cantidad de GNL que contiene, la fecha de entrada el país, la empresa armadora y puertos de salida”, explicaron a PERFIL desde una de las empresas involucradas.
Fuentes judiciales indicaron que la información obtenida se la cruzará con la documentación recabada en los allanamientos realizados en abril en las oficinas de Dilligentia, la consultora de la familia Dromi, que ofició de intermediario de Gas Natural Fenosa, la empresa española que más cargamentos de GNL envío en los últimos ocho años.
De Vido ocupa el centro de escena de la investigación de Bonadio. El ex funcionario delegó en su mano derecha, Roberto Baratta, coordinador de Planificación, el diseño del esquema de importación de GNL iniciado en 2008 para cubrir la faltante de gas de los yacimientos locales. Colaboradores del juez confirmaron a este diario que el año pasado personal de Cibercrimen de la Metropolitana incautó información de la computadora de Baratta que aún es analizada.
