El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por segunda vez al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín donde también se incluyó al abogado Jorge Chueco (vinculado a Helvetic Services Group), a Julio Mendoza (presidente de Austral Construcciones) y al apoderado de esa firma Claudio Bustos, y requirió a Suiza la extradición de Néstor Ramos, titular de Helvetic.
Según se especifica en el fallo, el empresario santacruceño Lázaro Báez estaba "a la cabeza del esquema funcional" que le permitió blanquear casi 33 millones de dólares que salieron de la financiera "La Rosadita", llegaron a Suiza, sirvieron para que Helvetic Services Group comprar deuda pública argentina y se reinsertarán en las arcas de Austral Construcciones SA a través de nueve cheques.
Según considera Casanello, de este modo "se habrían integrado al patrimonio de Austral Construcciones, bajo apariencia de licitud, fondos que en realidad provendrían de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal". A su vez, se aclara que la financiera conocida como "La Rosadita" y oficialmente llamada "SGI SA era de propiedad de Lázaro Antonio Báez, quien utilizó a la firma Helvetic como un velo detrás del cual se hallaba Jorge Oscar Chueco, hombre de su confianza como lo era también Daniel Pérez Gadín -quien ejercía, en los hechos, el mando de la financiera argentina-".
Con esa lógica, el magistrado se explica "cómo se conformó el circuito del dinero espurio que empezó en manos de Lázaro Báez, se canalizó hacia Helvetic -de propiedad de Néstor Ramos- para luego, gracias a la participación dentro de dicha sociedad de Jorge Oscar Chueco, ingresar ese dinero al país y, finalmente, con la colaboración de Claudio Bustos y de Eduardo César Larrea, culminar formalmente en el patrimonio de Austral Construcciones, empresa de propiedad de Lázaro y Martín Báez, todo ello bajo el necesario conocimiento de Julio Enrique Mendoza, Presidente de la empresa constructora beneficiaria final de la maniobra".
Roles. En el fallo, el juez Casanello puntualizó en las funciona que tenían cada uno de los procesados dentro de la llamada "Ruta del dinero K". Por un lado, Jorge Chueco "tiene un papel fundamental, pues era el abogado designado por Lázaro Báez para manejar la gran masa de fondos espurios de propiedad de este último dentro de la firma Helvetic".
Junto a Chueco aparece también "Julio Enrique Mendoza también cuenta con un rol protagónico ya que, amén de las funciones inherentes a su rol de presidente de ACSA, figura como personal de la firma OACI -recordemos que esta última es de propiedad de Pérez Gadín y de Osvaldo Guthux, y operaba al lado de SGI en forma simbiótica, como si ambas fueran una sola firma-" y registra "movimientos migratorios en fechas y destinos relacionadas a las operaciones bajo examen".
"La situación de Claudio Bustos es similar a la de Julio Enrique Mendoza y Jorge O. Chueco, pues también es un hombre de estricta confianza de Lázaro Báez y que respondía directamente a él. Y así como Chueco se encargaba de las cuestiones de índole legal, Bustos hacía lo propio con relación a los asuntos contables".
-"El caso de Eduardo César Larrea merece un tratamiento distinto". Sabia de "las maniobras ilícitas aquí investigadas" pero "no obran en el expediente suficientes pruebas" para "vincularlo a Lázaro Báez de manera relevante, amén de haber sido empleado de Austral Construcciones", especificó en el fallo.
