El empresario Lázaro Báez y un grupo de diputados del Frente Para la Victoria (FpV) volvieron a poner al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, en el centro de la polémica por las contrataciones de obra pública durante la era kirchnerista. Los legisladores incluso pidieron al juez federal Sebastián Casanello que frene la venta de la constructora de Calcaterra, Iecsa, que el sobrino de Franco Macri confirmó la semana pasada, y que lo impute en la causa por “la ruta del dinero K”.
Un sector de la Justicia apuntaba a que Báez, procesado y detenido por lavado de dinero, comenzara a repartir culpas hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, pero en cambio, el supuesto testaferro del matrimonio ex presidencial busca extender su desgracia a uno de sus ex socios -Angelo Calcaterra-, y por elevación a sus enemigos políticos: el macrismo.
Luego de mencionarlo en su declaración de la semana pasada, Báez presentó ante el juez Casanello un escrito en el que aporta un correo electrónico enviado por la gerenta de Asuntos Legales de la constructora de Calcaterra, Alejandra Kademian, a Julio Mendoza, mano derecha del dueño de Austral Construcciones, confirmaron fuentes de la causa a PERFIL.
El e-mail es del 12 de diciembre de 2012 y contiene cuatro archivos adjuntos. La representante de Iecsa envió documentos certificados por escribano público oficializando la conformación de una Unión Transtitoria de Empresas (UTE) entre Iecsa, Austral y los chinos de Sinohydro para competir en la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. El objetivo de Báez es forzar al juez a que cite como testigo al primo del Presidente. Si Lázaro cae por la corrupción en la obra pública, pretende efectos colaterales: complicar a otros proveedores del sospechado sistema y presionar al Gobierno frente a la embestida judicial.
Lázaro está acusado de lavar alrededor de US$ 59 millones a través de la financiera suiza Helvetic Service Group. En 2013, el empresario recibió $ 209 millones blanqueados desde Suiza pero dice que fue un “préstamo” para poder participar de la multi-millonaria licitación pública de las represas. En el mismo sentido, un grupo de diputados encabezados por Héctor Recalde pidieron al juez que impute a Calcaterra y bloquee la venta de su empresa. En el entorno del primo presidencial, aseguran que vende para evitar ser el centro de denuncias gana una licitación o “cobra lo que le debe el Estado en obras”.
Desde 2003, Iecsa ganó licitaciones del gobierno nacional por US$ 1.823,6 millones para obras viales, hidráulicas y ferroviarias, como reveló PERFIL. La constructora era de Franco Macri pero la vendió a su sobrino en 2007. Durante la gestión de Calcaterra, Iecsa obtuvo su licitación más polémica: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. La ganó junto a la brasileña Odebrecht, investigada por pago de coimas en Brasil. La obra está inconclusa.
