Santiago del Estero: la Justicia ordenó detener a un empresario del agro y denuncian persecución política

La justicia provincial de Santiago del Estero ordenó detener al empresario rural Guillermo Masoni y a su primo Daniel, acusados de formar parte de una supuesta "banda organizada" para apropiarse de tierras de manera ilegal. El pedido de captura fue emitido por el juez Darío Alarcón hace más de 40 días, luego la causa cambió de juez —ahora a cargo de María del Huerto Bravo Suárez— y rechazó el pedido de eximición de prisión. Los abogados de los empresarios denuncian persecución política y judicial por dos cuestiones económicas y por ser cercanos al expresidente Mauricio Macri y apoyar la candidatura de Patricia Bullrich.

La causa judicial

El juez Alarcón ordenó la captura de ambos en el marco de una causa abierta en el 2013 por la abogada Leticia Mabel Bravo (ya fallecida) por una supuesta asociación ilícita. Lo llamativo es que la investigación estaba "dormida" y había sido interpuesta años después que la familia Masoni denunciara usurpaciones en sus tierras apuntando a operadores judiciales y abogados que operaban para generar un conflicto y luego vender las tierras.

Pero esa denuncia nunca se movió. Se interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, donde obtuvo un fallo unánime, tras un dictamen durísimo del procurador general Ricardo Casal, donde advertía que “no existía seguridad jurídica en Santiago del Estero” y ordenaba que la causa se instruyera como correspondía. Los campos en cuestión quedan en la localidad de Los Juríes, donde los Masoni tienen cerca de 100 mil hectáreas. La zona, según contaron a PERFIL pobladores, está en constante disputa de tierras con las comunidades que se organizan con la representación del MOCASE. En 2015 habían llegado a un acuerdo con los pobladores de las tierras. Este medio se comunicó con el juez, quien no atendió los llamados.

“Santiago del Estero es una zona liberada para la usurpación”

Las detenciones involucraron a otros profesionales y dirigentes políticos de esa provincia como el ex diputado del PRO, Rodrigo Posse, quien permaneció detenido unos días y a quien no le permitieron una copia del expediente para ejercer derecho de defensa. Según los defensores de los empresarios la cercanía con el partido, su "banca" a Mauricio Macri y posterior apoyo a Patricia Bullrich fue uno de los detonantes.En diciembre de 2021 apareció en el expediente el abogado Carlos Weyembergh, quien comenzó a instar medidas al juez. Este abogado fue apuntado por ser parte de MOCASE, pero dirigentes de la organización lo negaron. Guido Corvalan, uno de los referentes del MOCASE fue tajante: "Este problema empezó hace más de 30 años con desalojos de las familias. Muchos perdieron su lugar de origen. No conozco a Weyembergh, no es de la organización".

Política y denuncia

Guillermo Jorge Masoni es, además de empresario agropecuario (Los Mimbres), un desarrollador inmobiliario de larga trayectoria. Masoni es el dueño de un grupo de emprendimientos entre ellos Compañía Inversora Libertador S.A. (CILSA). Desde el 2019, cuando Macri dejó la presidencia, le presta al expresidente las oficinas de avenida Libertador en las que atiende su equipo de colaboradores más estrechos. La justicia santiagueña llegó hasta allí el 29 de septiembre en búsqueda de los Masoni. No se llevaron documentación.

Quien ofició de nexo para el acercamiento fue Posse, según informó el portal Letra P. Posse es el abogado de Masoni en Santiago del Estero y fue el titular del partido en Santiago durante años hasta que perdió la interna por la jefatura del PRO con el concejal Facundo Pérez Carletti.

Cuando fue detenido, la propia presidenta del partido, Patricia Bullrich, hizo un reclamo en su cuenta de Twitter. "La conducción nacional del PRO condena enérgicamente la arbitraria y extemporánea detención dispuesta el miércoles 28 de septiembre pasado, por un juez de Santiago del Estero, del ex titular local de nuestro partido y ex diputado provincial, Rodrigo Posse, sin justificación jurídica alguna", expresa el comunicado del frente opositor.

En diálogo con PERFIL, el abogado de Masoni, Bernardo Sola señaló: "El juez Alarcón no nos permitía acceder al expediente ni resolvía la eximición de prisión. Ahora cambiaron de juez. La persecución es clara. En Santiago del Estero no hay independencia del Poder Judicial". Por su parte, este medio se comunicó con el gobernador Gerardo Zamora. Desde su entorno se limitaron a decir que el asunto es "un tema entre privados y que hay una causa judicial".

Weyembergh atendió a PERFIL y dijo que los empresarios "politizan" la causa para buscar encubrimiento. "No se allanaron las oficinas de Macri, no se secuestró documentación. La policía fue a las oficinas de Florida y Paraguay. Ahí en esas oficinas se armaron los papeles truchos para quedarse con los campos en 1964 y 1965. Recién en 1989 ellos aparecen por Santiago y presionan a los pobladores para echarlos de sus viviendas", apuntó y agregó que "empezaron a armar causas a la gente".

"A tal punto es mentira que en 2012 ellos denuncian a varios abogados entre ellos yo, por asociación ilícita por supuestamente querer apropiarnos los campos. Me querían frenar porque yo tenía toda la documentación. Todos los papeles eran truchos".

Según el abogado denunciante, los Masoni "tienen que presentarse ante la Justicia y mostrar los papeles de los campos. El temor de ellos es eso. Entonces lo quieren politizar para tener encubrimiento. ¿Cómo van a hablar de persecución si yo fui el primer candidato a diputado de Macri en 2009. No tiene nada que ver".