El expediente que investiga si se cometió o no un delito durante la cena de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos sigue paralizado al igual que la recopilación de una serie de pruebas de importancia para la causa. A la espera de que la Cámara Federal de San Martín defina si la causa se la queda Sandra Arroyo Salgado o Lino Mirabelli, está pendiente el pronunciamiento judicial sobre los planteos presentados hasta el momento y la defensa mayoritaria espera definiciones para moverse.
El pedido de inconstitucionalidad del decreto con restricciones de circulación fue presentado por Stefanía Domínguez, amiga de la Primera Dama, y ya fue rechazado por la fiscalía en Comodoro Py, pero como la causa cambió de jurisdicción está pendiente la decisión del fiscal con sede en San Isidro.
El presidente Alberto Fernández, principal imputado, fue el que planteó que en los hechos no hubo delito ya que no se produjeron contagios y eso debe ser comprobado por la Justicia para definir si hacerle o no lugar.
Con prudencia, la defensa mayoritaria a cargo del abogado Juan Pablo Fioribello, que representa entre otras personas a Yañez, posiblemente se pliegue a la estrategia del Presidente y presente la misma solicitud. Sin embargo, PERFIL pudo saber que aún están a la espera de que se defina el conflicto de competencia judicial para moverse.
Recopilación de pruebas. Hasta ahora, el expediente tiene algunas pocas pruebas como el listado de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y algunas de las fotos que se viralizaron del cumpleaños de la primera dama. A su vez, esta semana se conoció que la Casa Rosada le remitió un informe al juez Mirabelli con el nombre de las personas que contaban con certificado de circulación en el momento del hecho.
Si bien el Presidente y la primera dama no lo necesitaban por vivir en la residencia, el resto de los invitados sí. Sin embargo, se supo que Sofía Pacchi, Carolina Marafioti, Emmanuel López, Fernando Consagra y Rocío Fernández Peruilh no contaban con el certificado vigente.
Así y todo, mientras se espera la definición de la competencia, Arroyo Salgado ya adelantó su pedido de pruebas y está pendiente su ejecución. La jueza quiere no solo el registro de ingresos y egresos a la residencia presidencial del 14 de julio de 2020 sino que también del 30 de diciembre de ese año, cuando se celebró un brindis de fin de año del Frente de Todos.
Otro de los puntos pendientes apunta al personal de seguridad de la Quinta. Es que la magistrada no descarta que tengan responsabilidad al permitir el ingreso de personas que estaba prohibido por decreto. Para ello requirió a la Casa Militar y a la Policía Federal que informe quiénes estaban de servicio en ambas fechas.
Otro de los pedidos pendientes de respuesta apunta hacia las compañías telefónicas de los invitados e invitadas. La magistrada tampoco descarta solicitar una eventual apertura de los teléfonos para conocer el registro de comunicaciones de quienes habrían violado las restricciones.
A la espera de la Cámara. El conflicto de competencia que se desató se terminará de dirimir en la Cámara Federal de San Martín. Según supo PERFIL, el expediente ya está en manos de los jueces de la Sala I quienes, según fuentes judiciales, no tienen un plazo procesal para tomar la decisión.
A propósito, en la Casa Rosada tienen en claro que las posibilidades de que se otorgue la competencia hacia uno de los dos magistrados puede agilizarse y ocurrir antes de las elecciones del 14 de noviembre.
Tampoco hay demasiadas precisiones respecto de a qué Juzgado le mandarán la causa. Solo tienen algunas referencias: esa misma sala, por ejemplo, en 2013 y 2019 confirmó procesamientos a acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y más recientemente rechazó un hábeas corpus presentado por un abogado por supuesta restricción de su libertad ambulatoria a partir de las restricciones sanitarias.
El juez Marcelo Fernández, a cargo de esa Sala, también fue denunciado públicamente por un grupo de vecinos de El Palomar por carecer de imparcialidad en el marco de la disputa por la operación de las aerolíneas low cost en el aeropuerto.
