En el último año del mandato de Cristina Kirchner, el Ministerio de Trabajo decidió llamar a concurso 1.820 cargos en planta permanente. El anuncio sigue a la polémica por la decisión que tomó el Gobierno el año pasado de cubrir 7.500 cargos en la administración pública. La medida generó suspicacias por la posibilidad de que militantes de La Cámpora pasen a formar parte del mobiliario del Estado.
Un cuarto de esos 7.500 nuevos cargos serán tomados por la cartera que conduce desde 2003 Carlos Tomada, en acuerdo con los gremios estatales, que año tras año reclaman por el pase de trabajadores de la planta transitoria a la permanente. El número, en este caso, sorprende por su magnitud. El Ministerio de Defensa, en contraste, llamó a concurso para apenas 27 cargos de planta permanente.
Ante la consulta de PERFIL, el Ministerio de Trabajo respondió que viene llevando adelante este tipo de concursos desde 2004 de manera ininterrumpida. En total, van a terminar incorporando (cuando finalice el proceso actual) 2.974 nuevos empleados de planta permanente. Pero más de la mitad son del período actual. El concurso anterior que sumó más personal fue el de 2012, con 510 trabajadores.
Una de las explicaciones del ministerio es que con estas acciones el organismo “da cumplimiento” a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen que el personal de inspección debe estar compuesto por funcionarios de estabilidad garantizada y basándose en un decreto que fija que el personal no permanente no podrá ser superior al 15% en cada jurisdicción.
En este caso, no todos los cargos son para empleados de planta transitoria que obtendrían mayor estabilidad laboral. De los 1.820 cargos totales, 1.173 son para quienes actualmente estén en algún puesto de la administración pública (y no sólo Trabajo), mientras que los 647 restantes son concursos abiertos para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos.
La Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en el ministerio puso la mira en los nuevos mecanismos de evaluación de antecedentes educativos y laborales que se pondrá en vigencia ahora (50 y 50, cuando antes era 35 y 65). “Esta modificación planteada sin ningún tipo de discusión previa con los trabajadores favorece objetivamente a los ingresos más recientes en detrimento de los compañeros de mayor antigüedad”, señalaron.
