Javier Milei vuelve a estar en la mira pero no por disputas entre los integrantes de su espacio o declaraciones sino por el pasado de uno de sus custodios, Jonathan Ezequiel Salerno, condenado a prisión en suspenso por el delito de pedido de coimas cuando trabajó para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allegados al custodio aseguran que “la causa fue armada”.
Salerno, de 43 años, se desempeñó en la Dirección General Inspección de Higiene Urbana del gobierno porteño en la década de 2000 y, tal como consta en una resolución del Boletín Oficial del GCBA que data del 15 de junio de 2018, fue investigado y condenado en 2014.
En el documento se detalla que el 17 de diciembre de 2008 Juan Pablo Pesculich, gerente administrativo financiero de la empresa Plastiferro Tubos SA, recibió la visita de inspectores del Gobierno de la Ciudad en su emprendimiento a fin de realizar una inspección y “le solicitaron la suma de pesos cuatro mil ($ 4 mil) para no clausurar el lugar y romper el acta realizada”. El empresario radicó una denuncia policial en la Comisaría N° 2 que implicó a Salerno y a otros agentes de la administración del GCBA.
Por ese accionar, que derivó en un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, el custodio del diputado nacional recibió el 19 de junio de 2014 una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el término de dos años para ejercer cargos públicos y al pago de las costas, por considerarlo coautor del delito de concusión agravada por el empleo de intimidación.
Y se le reprocha: “En su carácter de inspector del área de Residuos Contaminantes de la Dirección General Inspección de Higiene Urbana: 1) Haber inspeccionado a la empresa Plastifierro Tubos SA el día 17 de diciembre de 2008 cuando la misma no pertenecía a la zona de inspección que tenía asignada correspondiente al CGPC 14; 2) Haber solicitado al gerente administrativo de la empresa Plastifierro Tubos SA –el día 17 de diciembre de 2008– la suma de pesos cuatro mil ($ 4 mil) con el fin de evitar la clausura del local comercial de referencia; 3) Haber recibido de parte del gerente administrativo de la empresa Plastifierro Tubos SA –el día 18 de diciembre de 2008– un sobre que contenía la suma de pesos dos mil ($ 2 mil) con el fin de evitar la clausura del local comercial antes mencionado“.
Una persona allegada al custodio aseguró ante la consulta de PERFIL que “se trató de una causa armada, sucedida entre 2007 y 2008, porque querían voltear a quien en ese entonces era director general del área de residuos patológicos contaminantes que dependía de Higiene Urbana”.
“A Jonathan le armaron una causa por averiguación de intento de extorsión, fraude y estafa y usurpación de títulos y honores. Esta última se cayó porque ellos eran inspectores certificados. Tampoco hubo extorsión, ni fraude y estafa. Él fue a labrar la multa a una fábrica y cuando salió lo detuvieron y le tiraron un sobre con dinero adentro encima del auto”, precisaron.
“En el juicio, que ocurrió en 2014, los representantes de la fábrica, que supuestamente había sido coimeada, no se presentaron a declarar. Y quien era el director general, Carlos Díaz, alegó problemas de salud y se retiró de la sala. Por eso el juez determinó una condena en suspenso, ya que no había pruebas que ameriten una condena. No lo sobreseyeron para evitar que le hiciera juicio al Estado por haberlo hecho perder el trabajo que tenía. Sin ir más lejos, no se registran antecedentes penales en el certificado que acredita los mismos”, completaron.
