El fiscal Gerardo Pollicita imputó a Suárez pero, en 2015, un grupo de abogados se presentó ante la fiscalía para retirar la querella contra el Caballo. Los letrados venían en nombre de las compañías que lo habían denunciado meses antes. Los empresarios habían llegado a un acuerdo con el gremialista. Si se retiraban de la causa, el fiscal ya no tendría los testimonios de los damnificados para sostener la acusación. A cambio, Suárez garantizaba la “paz social” en los barcos.
Así lo relataron fuentes directas de la causa. Los empresarios lo reconocen, pero dicen que lo dejaron en manos de la Justicia (ver página 4). El expediente, sin embargo, siguió su rumbo y se transformó en la causa que dejó a Suárez detenido.
La Fundación Azul fue creada para cobrar por la “capacitación” de los afiliados. Los fondos eran aportados por las empresas marítimas, pero las denuncias probaron que se usaba para extorsionar a las compañías y que los cursos de capacitación brillaban por su ausencia.
El gremialista se quedó junto a CFK hasta el final. Incluso la acompañó en su gira por Angola para promocionar una alianza comercial con Argentina.
Suárez logró colarse en varias empresas navieras con participación accionaria o miembros de los directorios de las compañías. En 2010, el SOMU se hizo de acciones de la marítima Maruba. La firma estaba al borde de la quiebra y fue rescatada por el Caballo con el apoyo del kirchnerismo. La empresa tenía pérdidas por más de $ 47 millones, según los balances a los que accedió PERFIL. De la mano del Caballo empezó a repuntar, y para abril de 2013 tenía ganancias por $ 8,4 millones. Un ejemplo de que la alianza con Suárez podía sacar oro del barro.
El sindicalismo también fue un amigo central. Con la llegada del kirchnerismo, Suárez rompió alianza con Luis Barrionuevo y se cobijó bajo el ala de Hugo Moyano. Tras la ruptura del moyanismo con el gobierno kirchnerista, migró a la CGT oficial que comandaba Antonio Caló.
