A pesar de los denodados esfuerzos del juez Claudio Bonadío, el caso del “intruso” del ministerio de Economía, Roberto Larosa, podría caer en saco roto y quedar en la nada por la imposibilidad de probar judicialmente que sus informes contengan proyecciones fiscales oficiales y el vacío legal respecto de si esta información debería ser confidencial o no.
Luego de los allanamientos de la semana pasada, en el mundillo de la consultoría económica, se sigue debatiendo si los informes que vendía Larosa eran análisis elaborados por él a partir de datos públicos aunque no publicados –como sostienen quienes los compraban– o incluían también papeles de trabajo internos del Palacio de Hacienda, con ejercicios de impacto fiscal y proyecciones elaboradas por técnicos del ministerio de Economía de carácter “reservado”, como sostienen en Economía y quienes no eran clientes del informante, pero siguen de cerca las cuentas públicas.
Bonadío, luego de asegurarse pruebas en diversos allanamientos, dispuso el jueves último excarcelar “de oficio” a Larosa, que llevaba trece días detenido en el penal de Marcos Paz, luego de que ampliara su declaración indagatoria en los Tribunales de Comodoro Py.
Este fin de semana, el supuesto espía se recluyó en su departamento frente al parque Rivadavia, en Caballito, para preparar junto con sus abogados la estrategia judicial. Los movimientos del “intruso” siguen limitados: tiene prohibido salir del país e ingresar al edificio del ministerio de Economía y tendrá que asistir periódicamente al juzgado.
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