Por primera vez, una aportante falsa relata cómo Cambiemos utilizó las identidades de 12 empleados de una empresa proveedora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para blanquear aportes de campaña de Mauricio Macri en 2015 y de la elección legislativa del año pasado en la provincia de Buenos Aires. Brenda Osso, una ex empleada de la empresa de seguridad privada Murata SA, logró desentrañar cómo su nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo terminaron figurando en la lista de aportantes de estas campañas, que ponen a los responsables de la recaudación del oficialismo, al propio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal en la mira.
Osso es una de las más de 300 personas que se comunicaron la semana pasada con la ONG La Alameda para denunciar que figuran aportando dinero a campañas electorales sin haber realizado nunca esas contribuciones. A Brenda la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017.
De acuerdo a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, las compañías que prestan servicios al Estado nacional, provincial o porteño tienen prohibido aportar a campañas. Por eso, la Justicia investiga si el dinero donado a nombre de los empleados provenía de los dueños de estas empresas.
Osso se estableció en España hace unos diez meses, luego de pasar por otros países de Europa. Cuando hicieron el aporte en su nombre para la campaña del año pasado, ya se encontraba fuera del país. Se había ido de la Argentina en marzo de 2017. “La primera vez, me enteré googleando mi nombre. Yo trabajaba en Finanzas de la empresa de seguridad. Apareció una nota de El Cronista sobre los aportantes de 2015 y aparezco donando $ 95 mil. Ni siquiera ganaba la mitad de lo que decían que había donado. Hablé con la tesorera de la empresa y le pedí explicaciones. Me negó que ellos hubiesen entregado una lista con nuestros nombres. Había otros 11 compañeros míos en la lista de aportantes”, cuenta Osso en diálogo telefónico con PERFIL.
“Entonces, me contacté con el periodista (Sebastián Iñurrieta) y me pasó el documento oficial en donde aparecía con mi DNI”.
Con la lista oficial de aportantes, Osso volvió a plantear el problema en Murata y logró que la abogada de la empresa hablara con el dueño, Roberto Raglewski. “El dueño le admitió que él había dado la lista de los empleados para la campaña y la abogada me lo contó. Le mandó a decir que no era tan grave, que si tenía algún problema con la AFIP que lo llamara y que si los periodistas llamaban les teníamos que decir que habíamos aportado porque apoyábamos a Cambiemos”, contó Osso.
“La abogada me recomendó que no hiciera la denuncia y que si quería iniciar acciones legales lo hiciera cuando me hubiera ido de la empresa”, agregó. Osso decidió comenzar a buscar trabajo. Finalmente, terminó yéndose del país. La semana pasada, luego de que La Alameda subió a la web las listas de aportantes de todas las campañas políticas de los últimos años, Osso recibió el llamado de una amiga desde Buenos Aires. “Brenda, aparecés de nuevo como aportante de Cambiemos”, le dijo.
“La primera vez me detuvo el hecho de que estaba trabajando ahí y en la empresa hay muchos policías retirados y es un ambiente difícil. No quería terminar amenazada. Esta vez me da más indignación porque ni siquiera estoy en el país”, aseguró Osso.
Los empleados de Murata se usaron para justificar $ 480 mil en las PASO de 2015. Luego, volvieron a utilizar sus nombres para justificar aportes de la campaña de octubre por otros $ 330 mil; y en 2017, seis de ellos, incluida Brenda, aparecen aportando $ 100.500 a la campaña en la Provincia.
Sin respuestas
En el Gobierno sostienen que nunca recibieron denuncias por aportantes falsos en la campaña de Macri y dijeron a PERFIL que querían verificar los datos. Sin embargo, la primera nota que advertía sobre empleados de Murata y otras empresas de seguridad aportando a Cambiemos data de septiembre de 2015.
Voceros de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta confirmaron que Murata “trabaja para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires custodiando bienes” y que “el servicio se adjudica por licitación pública”. La empresa ganó también la seguridad en el subte y el Banco Ciudad, y desde la llegada del macrismo a Nación sumó contratos. Uno de los últimos fue en el INTI.
PERFIL se comunicó con Murata y pidió hablar con su dueño, pero en sus oficinas dijeron que se encontraba de vacaciones. En Recursos Humanos no supieron dar ninguna explicación. Tras una nueva consulta a Legales, un empleado cortó la comunicación y dejó de atender el teléfono.
Por otro lado, el jueves, La Alameda recibió un alerta de seguridad de Yahoo indicando que la cuenta de correo que publicaron para recibir denuncias de los aportantes falsos había tenido un ingreso extraño en un dispositivo en Malasia, y debieron cambiar las contraseñas. Continúan recibiendo denuncias.