La Auditoría General de la Nación (AGN) puso el ojo sobre una de las cajas más codiciadas de la política, los fondos derivados de la actividad de los Entes Cooperadores. Son organismos que recaudan fondos por prestación de servicios y certificados, como los registros automotores. Manejan presupuestos multimillonarios que vuelven de distintas formas al Ministerio de Justicia y están fuera del control de los órganos de contralor públicos.
PERFIL pudo confirmar con fuentes del ministerio que parte de estos fondos se utilizan como un pago en negro, o sobresueldo, para los empleados. Esta operatoria permitió engrosar el número de empleados que se estima en más de 11 mil asalariados.
El pasado 3 de diciembre fue aprobado el informe de la AGN sobre la “Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios” para los ejercicios 2010 y 2011. El organismo, dependiente de la cartera de Justicia, regula la propiedad de vehículos automotores y créditos prendarios y recibe aportes de los Entes Cooperadores del sector.
El auditor Horacio Pernasetti evaluó que la “exposición en el presupuesto nacional de la actividad auditada no guarda correspondencia con su importancia y magnitud”, porque “involucró un movimiento económico anual de $ 1.793.409.640,48 y $ 2.464.969.269,41 para los ejercicios 2010-2011 respectivamente” pero en el Presupuesto sólo figura que se asignó “un crédito inicial de $ 8.269.306,00 y $ 14.324.521 para los mismos años”. Al no figurar en el Presupuesto, no hay control sobre los fondos que se originan en timbres y pagos de formularios cuando, por ejemplo, alguien registra un auto nuevo.
La AGN no puede auditar el trabajo que realizan los Entes Cooperadores vinculados al Ministerio, por eso se limita a evaluar las operaciones del Registro del Automotor y no puede avanzar, por ejemplo, sobre las operaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), porque se trata de una organización privada.
Esta falta de control es un problema porque, como pudo comprobar PERFIL, los fondos de estos entes privados se utilizan como medio de pagos de sobresueldos de empleados públicos y otros gastos del ministerio. Como muestra el recibo de sueldo en esta nota, el ingreso de muchos empleados se divide entre un pago formal y un aporte “en negro” que luego no es considerado a la hora de calcular la jubilación y motiva numerosos juicios contra el Estado. Esta operatoria no es nueva, confirmaron ex altos funcionarios del ministerio. Sin embargo, el crecimiento de la venta de automotores llevó a esta caja a sumas sin antecedentes. Desde el ministerio indicaron que “las contrataciones de las que habla el informe por el sistema de cooperación están en el marco de la Ley 23.283 y Ley 23.412”.
Otro dato importante que aporta el informe es que creció de manera exponencial el número de registros seccionales intervenidos; sobre un total de 1.499, cerca de 47% (703) están en esa situación. Pernasetti explicó a PERFIL que es un número que supera los valores históricos, porque los registros intervenidos solían ser una excepción y la norma era la designación por concurso público. La intervención implica que los actuales titulares de esos registros automotores son elegidos a dedo por las autoridades.
Fondos para la campaña en Lanús
Empleados del Ministerio de Justicia denuncian que se usan recursos públicos en favor de la campaña más importante que hará La Cámpora: la postulación de Julián Alvarez en Lanús. “En el cuarto piso del edificio de Justicia en Tandanor se ha creado un virtual comité de campaña, con empleados del ministerio trabajando por el proyecto político de Alvarez”, explicó a PERFIL la delegada general de ATE en esta cartera, Isabel Vieyra de Abreu. Además, gremialistas explicaron que se utiliza panfletería del ministerio para la campaña. Mostraron un fixture que se distribuyó entre los empleados durante la Copa del Mundo y otro, con el mismo diseño, que promovía la candidatura con la consigna “Vamos Lanús, Vamos Julián”. El ministerio lo niega.
