El juez federal Claudio Bonadio fue sancionado por el Consejo de la Magistratura con siete votos del oficialismo contra seis disidentes por supuesto mal desempeño en la causa Tandanor y Curtiembre Yoma que según el dictamen acusatorio del Secretario de Justicia, Julián Álvarez, la prescripción de las causas le habría generado pérdidas económicas al estado nacional.
Con los siete votos de “poder de veto”, los consejeros kirchneristas, Álvarez, los diputados nacionales Eduardo de Pedro, Héctor Recalde, los senadores Ruperto Godoy de la provincia de San Juan y Pablo González de Santa Cruz, junto al académico y juez Jorge Candis y la jueza laboral Gabriela Vázquez, sancionaron al juez que investiga a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El representante del Poder Ejecutivo, Julián Álvarez presentó un dictamen para suspender y elevar a jury hoy mismo a Bonadio. Sin embargo, para ello eran necesarios los votos de dos tercios de los consejeros presentes, es decir nueve sobre 13, y el oficialismo no logra ese número.
Allí, el consejero académico Jorge Candis, introdujo la moción de la sanción económica, e inmediatamente Alvarez retiró su propuesta de máxima y adhirió al recorte del 30 por ciento del salario de un mes para el magistrado. Se sumaron a esa postura, los senadores Ruperto Godoy y Pablo González y los diputados Eduardo "Wado" De Pedro y Héctor Recalde , pero la cuestión se definió con el séptimo aval de la jueza Gabriela Vázquez.
Los legisladores radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés, y la abogada porteña Adriana Donato, se inclinaron por rechazar la sanción por haberse excedido el plazo máximo de tres años para adoptar una resolución, en tanto que el abogado del interior Miguel Piedecasas y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes directamente desestimaron los argumentos acusatorios contra el juez.
Estrategia k. Si bien para la remoción de un magistrado se requieren los dos tercios de los votos de los consejeros presentes, el oficialismo tendría una estrategia sustentada en la sumatoria de sanciones, causal de remoción que podrían negociar con la oposición según explicaron asesores a Perfil.com.
En la puja Justicia versus Gobierno, el kirchnerismo se siente cómodo con el manejo presupuestario que podría hacer a cualquier opositor provinciano que requiera fondos para su terruño. El hombre bajo la lupa entre los radicales más críticos sería el diputado radical de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdes, quien podría ser cooptado por el oficialismo a través de fondos para el gobernador Ricardo Colombi, por las necesidades y el déficit presupuestario al que estaría sometida la jurisdicción provincial, sentencian las voces disidentes.
Sin embargo, Valdés expresó en más de una oportunidad que “el Consejo de la Magistratura no puede convertirse en una herramienta de coerción para los Jueces” y que el “kirchnerismo” pretende utilizar el organismo para presionar a los jueces federales que investigan irregularidades de los funcionarios del Gobierno en alusión a la situación del juez Bonadio y aseguró que los radicales defenderán la independencia de dicho órgano”
Para el oficialismo Bonadio habría dejado prescribir las causas de Tandanor y Curtiembre Yoma S.A., que generaron al Estado Nacional un perjuicio patrimonial superior a los 60 millones de dólares.
La decisión fue adoptada tras un álgido entrecruzamiento de palabras, en el que los consejeros recordaron la supuesta pertenencia de Bonadio a los “jueces de la servilleta” y sus vinculaciones con la “década infame”, en alusión a los nombres de magistrados que el ex ministro del Interior Carlos Corach habría anotado como jueces.
Los siete votos oficialistas que lidera Julián Alvarez, se concentrarían en blindar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la investigación que Bonadio lleva adelante por la empresa Hotesur que podría vincular a la primera mandataria y sus hijos con el empresario Lázaro Báez, señalado como el “testaferro” de los Kirchner.
Sin embargo, para procesar a la Presidenta por negociaciones incompatibles con la función pública, desvíos de fondos públicos o lavado de dinero no le temblaría el pulso a Bonadio, explican los jueces federales que más lo conocen. La sanción contra el polémico juez, logró unir fuerzas entre sus pares e incluso los ministros de la Corte suprema que en el brindis de fin de año realizado ayer con periodistas pidieron por la “independencia del poder judicial”.
