“Más que una guerra fría, esto ya es una guerra caliente”, describe un juez, de ojos claros, para ilustrar la embestida que encabezan varios de los magistrados de los tribunales de Comodoro Py –donde está la mayoría de las causas de corrupción– contra el Gobierno. El próximo paso, pronostica, podría ser la propia Cristina Kirchner.
Esta semana, tres jueces federales adelantaron a PERFIL que existen sectores políticos que buscan presentarse en los Tribunales para intentar reabrir algunas de las tres causas por enriquecimiento ilícito por las que fue investigada la propia Presidenta, y que fueron archivadas hace años.
Los equipos técnicos de la Coalición Cívica trabajan desde hace tiempo para encontrar las grietas legales, presentar un recurso y pedir que se reabran las causas, que fueron cerradas en tiempo récord. En el mismo sentido trabajan asesores de Ernesto Sanz, candidato a presidente del radicalismo, que consultaron a especialistas en derecho administrativo. La diputada Margarita Stolbizer, del GEN, ya expresó su interés en ese sentido: “Se puede y se debe reabrir la causa, hay que revisar el crecimiento patrimonial de Cristina desde 2009 en adelante”, confirmó a PERFIL.
Si bien desde hace tiempo en los tribunales se quebró definitivamente la paz con el Gobierno, hace nueve días el juez Claudio Bonadio dio una muestra de que ni siquiera Cristina es intocable. Corrió ese límite tácito cuando ordenó allanar Hotesur, la empresa que controla parte de los hoteles de la familia presidencial.
El grupo de jueces federales que integran, entre otros, Bonadio y María Romilda Servini de Cubría, profundizó su enfrentamiento con el Gobierno tras los cambios al Código Procesal, que otorgarán más poder a los fiscales.
La decisión de Bonadio hizo entrar en efervescencia al kirchnerismo, que incluso ordenó una “contradenuncia” contra el juez instrumentada por un senador, Marcelo Fuentes, que pidió investigar su patrimonio y la empresa Mansue, de la que tiene el 20%. Además del allanamiento, Bonadio pidió a la AFIP que entregara las declaraciones juradas de los bienes de la familia presidencial (Máximo y Florencia), que llegaron ayer a su juzgado. Pero mandó también un profundo mensaje al corazón del Gobierno: pidió la lista de bienes del fallecido Néstor Kirchner. Para el núcleo del kirchnerismo, querer manchar la figura del ex mandatario es una transgresión imperdonable.
Estrategias. “Hay que reabrir la causa por enriquecimiento ilícito pero para eso tiene que haber jueces y fiscales independientes que estén dispuestos a investigar”, se enoja Manuel Garrido, diputado nacional por la UCR, que desde 2008 reclama errores legales de los procesamientos de los magistrados que investigaron el patrimonio presidencial. La alusión a jueces independientes no apunta precisamente a magistrados como Bonadio.
Existen tres causas insignia sobre los bienes del matrimonio presidencial. La primera la tuvo el juez Julián Ercolini, que no logró encontrar elementos que confirmaran el delito. Se cerró en marzo de 2005. Néstor Kirchner fue sobreseído. La otra investigación cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que ni siquiera avanzó con la pesquisa, la delegó al fiscal. La causa cerró en agosto de 2012 y el matrimonio presidencial fue sobreseído. La tercera y más polémica fue la de Norberto Oyarbide. A pesar de que se detectaron inconsistencias en el crecimiento patrimonial, en seis meses la causa fue cerrada (2009).
Los arquitectos legales del radicalismo, la Coalición y GEN coinciden en un posible mecanismo para reabrir alguna de esas causas. Se trata de cosa juzgada írrita o fraudulenta. El recurso habilita a volver a investigar cierto aspecto “mal juzgado”, siempre y cuando se pueda comprobar que hubo errores. Sin embargo, es muy criticado y existen poco antecedentes. Ocurre que “contradice” un principio universal de la Justicia: nadie puede ser investigado dos veces por el mismo delito. El recurso de cosa juzgada fraudulenta, además, obligaría a ir contra los jueces que cerraron las causas. Eso activaría una defensa corporativa por parte de los magistrados.
La guerra ya está desatada. Falta un mes para que termine el año judicial y cada día podría haber nuevas sorpresas, sobre todo de las que preocupan al Gobierno.
Tres intentos que no fueron
Julián Ercolini
Investigó los bienes de Néstor Kirchner antes de que asumiera como presidente. Detectó un crecimiento patrimonial del orden del 10% anual. En 2005 cerró la causa por presunto enriquecimiento ilícito y sobreseyó al ex presidente.
Rodolfo Canicoba Corral
Fue la segunda causa que se abrió contra el ex presidente y la primera que incluyó a Cristina Fernández. En abril de 2008 desestimó la investigación, que duró apenas semanas y fue delegada al fiscal. Finalmente en 2012 cerró por completo la pesquisa.
Norberto Oyarbide
Tuvo la causa más polémica porque en apenas seis meses sobreseyó al matrimonio presidencial. A pesar de que se detectaron irregularidades en el crecimiento patrimonial de los Kirchner. Oyarbide se convirtió en un aliado judicial del Gobierno. En 2009 cerró la causa por completo.
