"Acá hay una sensación de que este Gobierno se terminó". La frase, de un juez que prefiere el anonimato, resume la sensación de que el Poder Judicial vive antes que nadie el clima de fin de ciclo kirchnerista. A menos de un año de las elecciones generales de 2015, en Tribunales se trabaja como si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya terminara su segundo y último mandato. Cada vez son más las causas judiciales contra exfuncionarios (Romina Picolotti), funcionarios actuales (Amado Boudou) y hasta expedientes que tocan a la propia jefa de Estado, como el de Hotesur.
Es entendible la preocupación del gobierno nacional por la Justicia. CFK nunca se olvida de nombrarlos en sus discursos: en el último habló de “jueces caranchos”. Con la derrota electoral del Frente Para la Victoria en las legislativas de 2013, quedó anulada la re-reelección que permitiría mantener cierto control sobre los resortes judiciales por un tiempo más. El segundo intento, la reforma del Poder Judicial, quedó trunco cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales varios puntos de las leyes.
Ahora todas las fichas están puestas en la reforma del Código Procesal Penal: con esta nueva normativa, el avance de las causas dependería de los fiscales, sobre los cuales el gobierno tiene un mayor control. Si se aprueba, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, alineada al kirchnerismo, pasaría a ser la autoridad máxima de los fiscales. ¿La tercera será la vencida?
Mientras tanto, al gobierno le quita el sueño una “Liga de la Justicia”, integrada por cuatro jueces con nombre y apellido: Ariel Lijo, Claudio Bonadio, María Romilda Servini de Cubría y Sebastián Casanello. Entre los cuatro, manejan las causas judiciales más peligrosas, que ponen en jaque el destino electoral del Frente Para la Victoria y el futuro procesal de varios de sus integrantes.
Claudio Bonadio fue el protagonista judicial de la semana, aunque, en rigor, su tema comenzó la semana pasada, el 20 de noviembre, cuando ordenó allanar Hotesur, la empresa que administra Alto Calafate, uno de los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner. Fue en respuesta a una denuncia de la diputada de GEN Margarita Stolbizer, que a su vez seguía una investigación de Periodismo Para Todos que había revelado varias irregularidades.
Las respuestas del oficialismo -erráticas, desordenadas y contradictorias- no se hicieron esperar: AFIP negó que haya habido un allanamiento y aclaró que se trató de un simple pedido de información. Varios funcionarios hicieron fila para criticar el procedimiento judicial y denunciar un “golpismo activo” de parte de los magistrados. El más destacado fue Luis D’Elía, que pidió "dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadio, en la vereda de Comodoro Py". Aunque aclaró que lo pedía "simbólicamente", le tocó una denuncia por sus declaraciones. Después vino la multa de 3.000 pesos a Hotesur y la defensa de la empresa desde las cuentas oficiales de Casa Rosada. Cristina, por supuesto, no emitió una palabra sobre el tema.
Ahora Bonadio enfrenta la segunda etapa: el intento oficialista por apartarlo de la causa, destituirlo y, de ser posible, conseguir alguna denuncia en su contra. Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, advirtió que el juez busca esquivar "los nueve expedientes de destitución que tiene en el Consejo de la Magistratura", una forma de anunciar que intentará que esos expedientes avancen. El senador Marcelo Fuentes (FPV) denunció al magistrado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa cayó en manos de Julián Ercolini. La respuesta de Bonadio fue seguir avanzando con el expediente: ya pidió las declaraciones juradas de Florencia y Máximo Kirchner.
Los problemas para el gobierno se profundizarían aún más si la Justicia lograse conectar las causas que maneja Bonadio con la de la llamada “Ruta del Dinero K”. Esa causa está en manos de Sebastián Casanello, un juez de buenas conexiones con el kirchnerismo: joven, de bajo perfil, es amigo de Mariano Recalde y lo acusan de tener lazos con La Cámpora. El problema es que el expediente sigue avanzando: además de Leonardo Fariña, que ya está preso en el penal de Ezeiza, se procesó a otros dos empresarios: Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky. En el frente externo, se sigue la pista de cuentas en Suiza y en Estados Unidos. En la Casa Rosada temen que, a pesar de las “amistades” del juez, Casanello cierre el círculo sobre Lázaro Báez y la causa judicial termine tocando a Cristina. Sólo el tiempo dirá si el temor es fundado.
Otra que golpea las puertas de la Casa de Gobierno es María Romilda Servini de Cubría. La titular del Juzgado Federal Nº 1 de Capital Federal maneja una denuncia por supuesta malversación de fondos en la AFA, otra por administración fraudulenta contra la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, y una más contra Cristina por abuso de autoridad en los acuerdos secretos entre YPF y Chevron. Pero lo que más preocupa al gobierno es la causa por tráfico de Efedrina: la jueza ya procesó a José Ramón Granero, extitular de la Sedronar, y apunta contra varios funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos están los hermanos Miguel y Máximo Zacarías, a quienes Servini ya llamó a indagatoria. La jueza incluso amenazó con allanar la Casa Rosada si no le entregaban registros de llamados de teléfonos sospechados de tener vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, lo que preocupa al oficialismo es que la efedrina también puede tocar a Cristina: se sospecha que hay vínculos entre los importadores de efedrina y algunas de las farmacéuticas que aportaron fondos a la campaña del Frente Para la Victoria en 2007.
Caso Ciccone. El último juez que acecha al kirchnerismo es Ariel Lijo, responsable de la causa por la compra y salvataje de la Compañía de Valores Sudamericana, más conocida como la exCiccone. En el expediente está procesado Amado Boudou, que además enfrenta una docena de causas más, desde "papeles truchos" hasta enriquecimiento ilícito. En el gobierno ya nadie se esfuerza por defender al vicepresidente: hace unos meses Mariotto prometía poner las "manos en el fuego" por él; ahora Julián Álvarez reconoce que "probablemente esté bien procesado". A esta altura del partido se resignaron a que Lijo avance con el expediente sobre el poco-Amado funcionario, que ya está aislado del poder. En esta causa, al kirchnerismo sólo le queda esperar a que la investigación no salpique a otros funcionarios y, de ser posible, que el proceso se estire hasta 2016. De lo contrario, deberán enfrentar una campaña electoral con un vicepresidente condenado.
