La mal llamada “democratización” de la justicia terminó en la burda persecución a un juez que allanó la oficina comercial de Hotesur, la empresa que gerencia los hoteles de la Presidenta de la Nación. El aparato comunicacional del gobierno escrachó a la diputada Stolbitzer, y un abogado la denunció por enriquecimiento ilícito. Paradojas del destino, Silvina Martínez es la protagonista con menos poder de la trama pero que más preocupa al entorno presidencial. Tal como informó La Nación, el Ministerio de Justicia adulteró un sumario interno para acusar a una exfuncionaria de la IGJ ¿Cómo se transformó Martínez en un cuco tras ocho años en que hizo carrera en el Estado y que había sido premiada por sus compañeros y superiores? ¿Qué interés tocó para convertirse en una piedra en el zapato de los talibanes que manejan como una escribanía de la Presidenta a un organismo que debería controlar a las empresas, sean de quien sean, como la IGJ?
La parábola de hacer las cosas bien
En El negocio de la impunidad, la herencia K, Martínez ocupa un capítulo de la segunda parte de la obra –Los Intocables- dedicada, entre otros, a Lázaro Báez, César Milani y el viceprocesado Amado Boudou. Martínez dirigía el Registro Nacional de Sociedades cuando, a mediados del 2012, investigó la desconocida, en ese entonces, sociedad The Old Fun. “No la conocía pero si la hubiera conocido, le habría dado el mismo tratamiento” explica Martínez a Perfil.com. Allí comenzó su calvario. “Traidora a la patria, ¿sos empleada de Magnetto vos?”, le gritó Analía Spátola a la funcionaria cuando la mujer le dio curso a los pedidos de informes sobre la firma de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou. “Lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Le querés hacer una cama a Berner?” insistía Spátola ante una desorientada Martínez. En el 2012, luego de las denuncias públicas de la ex mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, en el programa de Jorge Lanata, todo lo relacionado con Boudou era un tema tabú. El cristinismo lo bancaba a muerte y la justicia dilataba las causas que lo comprometían.
Norberto Berner había reemplazado a Ernesto Kreplak al frente de la IGJ e imponía el temor. Además de garantizar la impunidad de los funcionarios investigados por el periodismo, Berner se preocupaba por disputar la pelea simbólica dentro del organismo estatal. “¿En qué año ingresaste acá?” –preguntaba irónicamente a un histórico empleado que se desempeñaba desde 1979. “Ahh durante la dictadura, mirá vos”, sentenciaba el hijo de desaparecidos que, como primera medida, decidió descolgar los cuadros de los ex inspectores del organismo durante la última dictadura militar. Cómo si fuese Él, Néstor. Martínez había ingresado a trabajar en el 2003 y simpatizaba con muchas políticas del ex presidente Kirchner. Berner siguió su batalla contra el fantasma de la dictadura y pidió los legajos de los 450 empleados del organismo. Quería saber quiénes habían ingresado entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Los históricos empleados sintieron la presión y el miedo al escrache. “Vas a tener que hacer lo que te digo para que nos llevemos bien”, decía el funcionario. Así fue. Martínez empezó a perder tareas, le quitaron el escritorio “como si fuese un botín de guerra” y terminó con ataques de pánico.
La mujer decidió escribirle al Ministro de Justicia, Julio Alak, del que depende la IGJ. Le quitaron el 75% del sueldo por un pedido de licencia alegando un viejo y perdido artículo de la ley laboral que sólo una vez se había cumplido en la historia del empleo público. El sindicato, UPCN, miró para otro lado. Alak nunca contestó. El 14 de noviembre del 2012 se enteró, casi de casualidad, que había “egresado de la administración pública”. Alguien había cobrado dos meses de su sueldo en su nombre. Los aprietes continuaron. A Martínez la despidieron sin causa. Berner asumió como secretario de Comunicaciones y fue reemplazado por Rodolfo Tailhade. Casualmente, Berner había conocido, en detalle, las sociedades de medios gracias a su cargo en la IGJ y de su paso por Telecom. El tráfico de influencias y de intereses es una costumbre nacional y popular. Spátola subió de categoría raudamente. Pertenecer tiene sus privilegios.
Martínez habló con Hugo Alconada Mon y ofreció su testimonio en mi libro. La venganza continuó: La desplazaron en la cátedra de Derecho societario en la Universidad de Buenos Aires. La actuación del juez Bonadio en Hotesur sensibilizó a una Presidenta preocupada por “no deambular por los pasillos de Tribunales ni terminar presa”. Un juez y una diputada nacional tienen espalda para soportar los embates del poder estatal.
Ahora Julio Alak la denunció acusándola de haber sido la responsable de perder documentación clave de la ex Ciccone y por falso testimonio. Martínez representa a una empleada que creía que se podía hacer carrera en la administración pública. La echaron por hacer su trabajo. La obsecuencia es la única forma de ascenso social durante el kirchnerismo. La confusión entre el Estado y el gobierno es generalizada. La mujer es la otra víctima de la incansable búsqueda de impunidad de un gobierno que se maneja como los protagonistas de El Padrino.
