La Cámara Federal porteña designó por sorteo al juez federal Julián Ercolini para investigar la denuncia realizada por el senador kirchnerista Marcelo Fuentes contra el magistrado Claudio Bonadio por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
El juez Ercolini deberá primero convocar al senador Fuentes para que ratifique la denuncia, y luego transferir la presentación al fiscal Eduardo Taiano para que dictamine si impulsa o no la investigación.
Fuentes denunció a Bonadio luego de que el juez ordenara el allanamiento de la compañía Hotesur, que administra los hoteles de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia del legislador kirchnerista apunta contra el juez, su hermano Carlos y Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent, todos socios en la empresa Mansue S.A., que no presentó los balances de 2012 y 2013.
Para defenderse, la jefa de Estado usó su cuenta personal de Twitter y denunció que Bonadio posee el 20% de las acciones de Mansue S.A., dedicada a la distribución minorista de combustible, y que también adeuda los balances ante la Inspección General de Justicia.
La Presidenta además precisó que el presidente de Mansue S.A. es el hermano del magistrado, Carlos, quien a su vez es dueño del 40% de las acciones, y Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent, tienen cada uno del 20% accionario.
Para el senador, la omisión de "presentar los estados contables no sería casual, sino que formaría parte de una decisión deliberada de sustraerse a los controles de los organismos estatales competentes que podría tener como finalidad el ocultamiento de ciertos aspectos de su situación patrimonial". El legislador consideró que hay que investigar si "lo que se pretendería ocultar sería que los verdaderos dueños de las empresas serían Claudio y Carlos Bonadio".
"Estos hechos valorados conglobadamente, permiten cuanto menos arrojar un manto de fundada sospecha sobre los reales emolumentos percibidos por el magistrado y el origen de los mismos", agregó.
El legislador también pidió que se investigue si Bonadio cuenta con autorización para ejercer el comercio, una actividad que los jueces solo pueden realizar con la venia de la autoridad de superintendencia y que el juez que tramite la causa le dé intervención al Consejo de la Magistratura que para Bonadio sea investigado por presunto mal desempeño.
La denuncia de Fuentes apunta también a los presuntos delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que reprocha sólo a Bonadio y no al resto de los imputados.
