Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le entregó hoy a la justicia las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lazaro Báez.
El emisario del titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray se presentó en el juzgado federal de Claudio Bonadio y dejó los documentos que el magistrado había mandado a buscar ayer mediante un allanamiento en la AFIP, según informaron fuentes judiciales.
Una delegación de la Policía Metropolitana se presentó en la mañana de ayer en el edificio de la AFIP con una orden firmada por Bonadio, para obtener las declaraciones juradas en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa de Estado. Echegaray evitó pronunciarse hoy sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo.
La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del extinto mandatario) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
La semana pasada, el juez Bonadio ordenó el allanamiento la sede fiscal de Hotesur situada en la calle Lavalle al 900 de esta capital, pero el lugar estaba vacío y no se obtuvo ninguna documentación de relevancia.
Para contraatacar, la presidenta Cristina Kirchner denunció a través de cuenta personal de Twitter que el magistrado posee el 20% de Mansue S.A., que no presentó los balances de 2012 y 2013 ante la Inspección General de Justicia (IGJ). A raíz de cuyas acusaciones, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció a Bonadio por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El encargado de investigar la causa será el juez federal Julián Ercolini.
