El juez federal Claudio Bonadio es el segundo más denunciado después del polémico Norberto Oyarbide. A lo largo de su carrera, acumuló más de 51 denuncias ante el Consejo de la Magistratura, que luego fueron desestimadas. Algunas de ellas eran por delitos graves. Sin embargo, ocho causas siguen activas y son las que utiliza el kirchnerismo para mantener viva la pelea con el magistrado que allanó la empresa de la presidenta, Cristina Kirchner, Hotesur. Oyarbide, a la cabeza del ranking, llegó a tener 63 causas.
Bonadio tuvo como antecedente para llegar a la Justicia ser el subsecretario de Legal y Técnica de Carlos Corach, durante el menemismo. Domingo Cavallo denunció que Corach escribió en una servilleta los nombres de los magistrados que eran afines al menemismo. Entre ellos, estaba el de Bonadio.
La dos salas de la Cámara Federal lo sancionaron varias veces por arbitrariedad, dado que no dejaba a las partes acceder a los expedientes en trámite. La instrucción es secreta excepto para los involucrados, pero en el caso de Bonadio, no lo entiende así, según confió a PERFIL un abogado con larga trayectoria en Comodoro Py. “Se maneja como un comisario. La instrucción es de él y de nadie más”, dijo el letrado a este diario.
Las causas. Entre las causas que mantiene vivas el kirchnerismo está la de la curtiembre Yoma. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que Bonadio tardó tanto que los delitos que se le imputaban a la empresa prescribieron. La denuncia era por uso irregular de subsidios por parte de la curtiembre. Emir Yoma, su dueño, había sido funcionario de Menem.
La ACIJ también denunció al magistrado por su accionar en la causa Tandanor, donde se vendieron ocho hectáreas para hacer edificios. La denuncia por defraudación al Estado y administración infiel fue elevada a juicio oral por Bonadio una vez que la causa prescribió.
Otra causa emblemática que tiene Bonadio en la Magistratura es la de pacientes hemofílicos contagiados con los virus del VIH, hepatitis B y C, por mala praxis médica. El juez tardó tres años en llamar a indagatoria a los imputados. Algunos de los pacientes murieron en el proceso.
En la mira. Para presionarlo, la presidenta Cristina Kirchner reveló en público que el juez era propietario del 20% de las acciones de una estación de servicio en Villa Ballester que adeudaba los balances de 2011 y 2012 ante la Inspección General de Justicia (IGJ). La empresa Mansue SA es de su hermano, Carlos Alberto Bonadio, y de otros dos accionistas. En teoría, ningún juez puede tener una empresa, pero el magistrado la habría declarado ante la Corte Suprema como parte de una herencia.
El senador Marcelo Fuentes denunció en la Justicia a Bonadio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a partir de lo que dijo la Presidenta (ver recuadro). Consignó que, además, el hermano de Bonadio tiene otra empresa, Lanús Gas SA, que se dedica a la misma actividad. Pero el gran problema que tiene el kirchnerismo es que no cuenta con los votos suficientes para removerlo del cargo. Necesita dos tercios de los 13 consejeros: sólo cuenta con siete de nueve. Apuntan a que se jubile, pero es algo que no parece estar en los planes del magistrado.
Investigación
El juez federal Julián Ercolini tiene a su cargo la denuncia de Fuentes por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Bonadio. Ayer, el magistrado le dio traslado al fiscal Eduardo Taiano para que decida si impulsa la investigación o no. Para eso, Taiano pidió que se cite a Fuentes para que ratifique la denuncia y para que amplíe datos en el caso de ser necesario. A partir de allí se podrá ver si la pesquisa contra el juez sigue o queda en la nada. Ercolini deberá decidir si cita a Fuentes.
¿Qué investiga el magistrado?
Los balances de Hotesur. Es la empresa que administra el hotel Alto Calafate, adquirido en 2008 por la familia Kirchner. Está siendo investigada por el juez Bonadio porque no presentó en los últimos tres años sus balances a la Inspección general de Justicia (IGJ). Además, se detectó que la empresa había declarado un domicilio ficticio, en Lavalle 975, 4º “A”, que hace cuatro años está ocupado por un estudio de abogados, que nada tiene que ver con la empresa. El Gobierno dijo que se trataba de una irregularidad usual y le impuso una multa de tres mil pesos, que consideró la más severa.
Las declaraciones juradas. El juez Bonadio pondrá bajo la lupa los balances de Hotesur SA y las declaraciones juradas de la familia presidencial, obtenidas tras una presentación judicial ante la AFIP, con el objetivo de comparar la facturación de la compañía con sus declaraciones fiscales. Se analizará si existen otras faltas impositivas o incongruencias que podrían derivar en nuevas imputaciones. El patrimonio presidencial siempre estuvo en la mira, aunque los Kirchner fueron sobreseídos en tiempo exprés por presunto enriquecimiento ilícito. La oposición pidió que se volviera a investigar.
Los nexos con Lázaro Báez. En el pedido a la AFIP también se incluyeron las declaraciones juradas del empresario patagónico, por lo que se puede deducir que el magistrado estudiará las relaciones comerciales con la familia presidencial y el grupo empresario más favorecido por los contratos de obra pública en la región. También está en la mira del juez la empresa Valle Mitre, la gerenciadora de hoteles de Báez que, según reveló La Nación, mantuvo un contrato de alquiler de habitaciones en los hoteles presidenciales por 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011, habitaciones que no se usaban.
Posible lavado de dinero. Aunque la investigación de Bonadio está, por el momento, circunscripta a las faltas de Hotesur SA frente a la IGJ, podría avanzar sobre las sospechas de lavado de dinero que fueron ventiladas por la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer. Quien sugirió que las irregularidades cometidas podrían ser “para encubrir el dinero que proviene de otros delitos y eso es lavado de dinero”. Por hacer esa denuncia, Stolbizer fue acusada ante la Justicia de enriquecimiento ilícito. También fue denunciada la testigo Silvina Martínez, ex empleada de la IGJ.
