El Gobierno atacó ayer duramente al Poder Judicial. Lo acusó de practicar un “golpismo activo” al meterse con la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner en el sur. La noticia conmocionó a la jefa de Estado y eso se tradujo en duras críticas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y de otros kirchneristas, a los jueces.
“Hay un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque al gobierno nacional con denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”, explicó el funcionario desde el sector militar de Aeroparque.
Trenzada desde hace al menos dos años con la Justicia (impulsó la “democratización”, copó el Consejo de la Magistratura, colocó una procuradora afín al Gobierno, entre otras cosas), Cristina Kirchner sintió los efectos de esa batalla en carne propia.
“Es inexplicable el ensañamiento y la persecución judicial hacia la figura de nuestra presidenta. El propósito es dañar la investidura y bastardear la opinión pública”, disparó otro oficialista, el diputado Julián Domínguez.
Para Capitanich, “no se necesita ningún allanamiento porque la operatoria de la empresa es clara y transparente”. Precisó que el “golpismo” del Poder Judicial tiene una pata comunicacional y otra opositora, que tiene una actitud sediciosa al negarse a nombrar al reemplazante del juez de la Corte Raúl Zaffaroni.
“No quieren que Cristina termine su mandato. Ese es el objetivo”, advirtió la jefa del bloque de Diputados, Juliana Di Tullio. La legisladora acusó a Claudio Bonadio, el juez que ordenó el allanamiento, de estar enrolado en el Frente Renovador de Sergio Massa. “La oposición recurre a sus jueces para intentar voltear a Cristina”, opinó. La reacción del Gobierno demuestra la preocupación por la embestida judicial.
