Hasta que llegaron las vacunas, el Gobierno nacional centralizó las decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional, la mayoría de las decisiones trascendentes vinculadas a cómo enfrentar la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, establecía la cuarentena y luego, si alguna provincia o una jurisdicción quería abrir alguna actividad, necesitaba pasar siempre por la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, que fijaba las normas.
Paso lo mismo con las escuelas y pasó también con la compra de los respiradores, en momentos en que había una preocupación alta por la posibilidad de que las camas de terapia intensiva se viesen saturadas. El gobierno incluso intercedió ante la fábrica privada de respiradores y dijo que no permitía las compras, sino que el gobierno nacional iba a comprar todas las que pudieran fabricar y luego, en función de las necesidades de las distintas provincias, las iba a ir distribuyendo. Esta idea, que en muchos países costó mucho de permitir un control centralizado para organizar mejor y que de alguna manera se garantizara el mismo acceso a los argentinos de todo el país a una misma política, se vio alterada ahora que llegaron las vacunas.
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Ahora estamos en un escenario de escasez, cuando no han llegado ni un millón y medio del total de 22 millones de vacunas que, según anunció el presidente Alberto Fernández, iban a llegar a la Argentina entre enero y febrero. No obstante, es cierto que la producción de las vacunas se ha visto alterada o demorada en el mundo entero. Pero así todo, la diferencia entre lo que se prometió y lo que efectivamente llegó es enorme.
Entonces hay un contexto de muchas menos vacunas de las que se esperaban y el gobierno nacional, que permite que estas vacunas se den en la Argentina, como está pasando en el mundo, bajo una autorización de emergencia. Sin embargo, no establece pautas claras y únicas para cómo se debe suministrar esta vacuna en todo el país. Entonces cada jurisdicción decide cómo las da. La provincia de Buenos Aires apela a la idea de los famosos o de dar el ejemplo, como es el caso de Axel Kicillof, que a pesar de que por su edad no tiene ninguna indicación de darse ahora la vacuna, creyó conveniente dársela para dar el ejemplo. Lo mismo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo mismo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires, con la Horacio Rodríguez Larreta dice: "Yo lo que voy a establecer son pautas comunes para toda la para toda la población, independientemente de los nombres propios". Entonces, el personal de salud y ahora los mayores de 80 años.
Ahora, dentro de esta discrecionalidad que el gobierno permite. Ocurre algo también muy perturbador que es que el periodista Horacio Verbitsky contó públicamente, evidentemente no creyó que estaba contando nada que comprometiera nada a nadie, que por un vínculo personal que él tenía con Ginés González García decidió vacunarse. Se comunicó con Ginés y este le dijo que se podía vacunar en Morón porque están vacunando en provincia Buenos Aires, a pesar de que el periodista vive en la Ciudad de Buenos Aires y no debería haberse anotado, y que ni siquiera empezó el registro para los que tienen menos de 80 años, creo que tiene 79. Pero él cuenta que va al Ministerio de Salud y que casi se cruza ahí con Aranda, que es uno de los directivos más importantes del Grupo Clarín, como diciendo que también dentro de esa suerte de vacunatorio Vip que habilitó Ginés González García en el Ministerio de Salud, podía haber periodistas o directivos de empresas importantes.
La verdad es que Ginés González García no tiene ninguna autoridad o no debería tener la discrecionalidad de decidir por pautas propias a quién le está dando o no la vacuna. Y es un reflejo más de lo que están haciendo, que es permitir que carajo dirección tome decisiones y en definitiva, a través de relaciones personales, habilitar vías de llegada particulares en condiciones de privilegio a la vacuna.
