Como otras provincias argentinas, Formosa es una democracia híbrida: ni plenamente democrática ni totalmente autoritaria, es una combinación de ambas formas de gobierno. Allí se celebren elecciones regulares que no son fraudulentas, no existe una real oposición que permita la alternancia en el poder propia de la vida democrática; el poder judicial y la prensa están fuertemente controlados por el poder ejecutivo, y la actividad privada es tan escasa que la mayor parte del empleo depende del estado provincial que puede, entonces, utilizarlo como recurso de control de las preferencias políticas de la población.
La gestión que Insfrán -gobernador desde 1995- ha hecho de la pandemia lo ha puesto bajo la mirada pública, y ha multiplicado las críticas al régimen. Las manifiestas violaciones de los derechos humanos, constatadas por Amnistía Internacional, seguidas de la imposición, hace solo unos días, de un nuevo y estricto confinamiento general, ha conducido a manifestaciones populares violentamente reprimidas por la policía provincial.
Una parte de la sociedad argentina ve con inmensa preocupación lo que ocurre en la provincia; muchos se preguntan si el gobernador no debería renunciar o la provincia ser intervenida por el gobierno nacional, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 6º de la Constitución. Seguramente, en ausencia de la renuncia, una intervención federal sería el instrumento adecuado para poner fin a un infinito ciclo gubernamental basado en el patronazgo, la corrupción y la represión. Pero, si consideramos los antecedentes más relevantes, esa solución de urgencia no es una solución de fondo.
Formosa defiende la represión: "Los manifestantes arrojaron bombas molotov, piedras y escombros"
En efecto, si el ruinoso ciclo de gobierno y de control de la provincia de Catamarca que lideró la familia Saadi concluyó con una intervención, luego de las marchas en repudio del asesinato de María Soledad Morales en 1990, esa intervención no incentivó transformaciones estructurales. La calidad de la democracia, de la vida pública y de la estructura económica de la provincia es semejante a la que construyó Vicente Saadi.
Peor aun en Santiago del Estero, donde el doble crimen de Leila Nazar y Patricia Villalba llevó a la intervención de la provincia solo para que el poder feudal del caudillo, Carlos Juárez fuera sustituido por otro, de iguales características, a cargo del matrimonio Zamora-Ledesma, que desde 2005 se alternan en la gobernación de la provincia.
Los problemas de Formosa son, a la vez, resultado de la ambición fuera de control de un hombre y de las imperfecciones de un sistema político y un orden social seriamente deteriorados. Terminar con el primero no resolverá lo segundo. Insfrán no debe seguir gobernando, pero eso no solucionará los problemas de una provincia que, como otras, hace de la democracia una ficción.
