Más de un año y medio después de que la Escuela Nº 49 Nicolás Avellaneda, de Moreno, explotara por un escape de gas y murieran la vicedirectora, Sandra Calamano (48), y el auxiliar Rubén Rodríguez, el caso finalmente será llevado a juicio. Así lo determino Gabriel Castro, juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno y que atiende la causa, quien la semana anterior realizó el pedido de elevación a juicio.
Sin embargo, aún resta saber si la defensa, tanto del gasista Christian Ricobene como de las autoridades del Consejo Escolar, apelarán la medida. Aunque no lo hicieran, la sentencia o absolución no se daría hasta dentro de otros dos años, en los tribunales orales de Mercedes.
Entre las novedades de la causa a la que PERFIL tuvo acceso, hay cuatro personas que fueron sobreseídas. Se trata de Pablo Perazzo, Jorge Almada, Alberto Nieto y Carlos Lana, integrantes del intervenido Consejo Escolar de Moreno. “Evalué las pruebas y esta gente no tenía vinculación directa ni eran responsables directos”, explica el juez Castro. Por otro lado, continúan imputados Ricobene, por los delitos de homicidio culposo, agravado y defraudación al Estado; Sebastián Nasif, interventor del Consejo Escolar, por incumplimiento de deberes de funcionario público, el mismo ilícito por el que está acusada la ex presidenta del Consejo Escolar Mónica Berzoni, y Jorge Galián, responsable de infraestructura.
Quiénes fueron las dos víctimas fatales de la explosión en la escuela de Moreno
Finalmente, la fiscal Gabriela Urrutia no elevó la investigación a los ex funcionarios educativos de la provincia de Buenos Aires. Pero Castro dice en el expediente que a Nasif “se le extraiga testimonio por la presunta comisión de delito culposo”. En este sentido, Castro detalla que el ex interventor “había recibido varias cartas de Calamano donde le advertía sobre la situación del gas y no hizo nada. La calificación es muy suave, debería ser investigado por homicidio”, afirma el letrado, que también volvió a solicitar que la fiscal explore la cadena de responsabilidades “hacia arriba”. “Tiene que haber justicia absoluta. Los chicos son lo más sagrado que tenemos y los padres deben estar seguros del lugar al que los mandan. Este caso debe ser ejemplar para ser un país mejor”, opina Castro, quien también cuenta que no se realizaron nuevas pericias, como reclamaba la defensa de Ricobene.
El gasista Ricobene podría recibir hasta cinco años de prisión efectiva, mientras que a los funcionarios les cabrían hasta dos años de cárcel en suspenso. Este medio se comunicó con los principales acusados, pero se negaron a dar respuestas.
