Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestra un panorama preocupante respecto de la inseguridad alimentaria, cobertura de alimentación gratuita, y el acceso al agua potable en niños del Gran Buenos Aires, que se agravó en el último periodo, comprendido entre 2017 y 2018.
El informe técnico “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados” detalla la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes en el Gran Buenos Aires (y el resto del país), en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación entre 2010 y 2018. Esto, según señalaron desde la UCA, busca “localizar las infancias más vulnerables en estos ámbitos en el Conurbano y explorar sus asimetrías con respecto a sus pares a nivel del promedio nacional urbano”.
Situación de emergencia: uno de cada dos niños es pobre en Argentina
En el relevamiento, que se realizó para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se puede ver que la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, tuvo además “un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018”, explicaron en el escrito al que accedió PERFIL. En ese sentido, detallaron que la inseguridad alimentaria total es del 35,8% en el tercer trimestre de 2018 en Gran Buenos Aires, del 17,4% en cuanto a la inseguridad alimentaria severa, y llega a 40,3% la cobertura de alimentación gratuita: esto último quiere decir que casi la mitad de los niños recibe asistencia alimentaria en comedores comunitarios.
La encuesta especifica que la asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país, y explica que los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños/as en edad de escolarización primaria. El informe sostiene también que “el acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños/as no escolarizados y los adolescentes”.
La muestra nacional de la Encuesta de la Deuda Social Argentina tomó 5.860 hogares y 5.479 niños, niñas y adolescentes, mientras que la muestra del Conurbano Bonaerense en 2017 y 2018, sumó 4660 hogares, y 5844 niños, niñas y adolescentes de 31 partidos del conurbano, y a nivel nacional 11.417 hogares y 11.694 menores. Respecto al acceso a la red de agua y el déficit para que los niños puedan acceder a ese derecho, se expone que la cifra alcanza al 14% de los hogares de la Argentina urbana y al 18% de los niños, niñas y adolescentes.
En el caso del Conurbano bonaerense, esos niveles casi se duplican, y muestran cifras de 27% y 32%. Uno de cada tres niños sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo
“Este déficit afecta con mayor fuerza a los NNyA (niños, niñas y adolescentes) de los estratos sociales muy bajos (43,1%) y bajos (38,7%), que viven en condiciones de pobreza (38,9%) e indigencia (40,2%), y en aquellos que residen en villas de emergencia o en asentamientos o barrios informales (50,3%)", expone el relevamiento. Asimismo, destaca que la probabilidad de acceder al agua de pozo es mayor en el GBA que en el total país (24,8% contra 11,6%), y también es mayor la propensión a tener que acceder al agua fuera de la vivienda (7,4% contra 4,6%).
Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, consideró que “estos datos nos muestran que existen graves problemas en el conurbano para acceder al agua potable, lo que se agrava al poner la atención en las poblaciones más vulnerables". "A la hora de pensar una solución, es necesario proyectar una política de Estado a gran escala y sostenida en el tiempo”.
Sobre la falta de acceso a los alimentos o que los niños no tengan una nutrición elemental para desarrollarse, señaló que es “tal vez el mayor problema que enfrenta la sociedad”.“Es la gran deuda del sistema político, que no ha podido generar mecanismos que eliminen esta problemática que pone en jaque sobre todo a la población más vulnerable”. Para lograrlo, opinó Lorenzino, es necesario el diseño y la ejecución de medidas que tengan en cuenta cómo impacta esta situación “para llevar adelante programas a corto y largo plazo que permitan revertir este panorama”.
A.G./MC
