El 6 de octubre de 1989, el presidente Carlos Menem firmó cinco decretos de indulto que beneficiaron a 220 militares y 70 civiles, entre ellos los responsables de la guerra de Malvinas, los oficiales presos por los levantamientos carapintadas y los máximos dirigentes de la organización Montoneros. Aquel perdón presidencial liberó de la prisión a Mohamed Alí Seineldín y a Aldo Rico, quienes tendrían luego dispar inserción pública en la política nacional. El primero, liderando un último levantamiento militar a sangre y fuego, efizcamente aplastado por el general Martín Balza en cumplimiento de las órdenes de un presidente que finalmente se dio cuenta de la clase de personajes con los que había pactado. La trayectoria de Rico en el justicialismo es por demás conocida. También se beneficiaron por el indulto presidencial los ex montoneros Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Rodolfo Galimberti y Oscar Bidegain: los ex generales Leopoldo Galtieri, Reynaldo Bignone, Albano Harguindeguy, Luciano Menéndez, Santiago Riveros y Crisntino Nicolaides; el ex brigadier Basilio Lami Dozo, y el ex almirante Jorge Isaac Anaya.
Al año siguiente, el 28 de diciembre de 1990, Menem anunció una segunda batería de indultos, que dejó sin efecto las condenas que debían cumplir por delitos de lesa humanidad los ex dictadores Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps y Ricchieri. También fueron beneficiados por ese indulto otros condenados por crímenes cometidos durante el gobierno de Isabel Perón, como Norma Kennedy y Mario Firmenich, condenado a treinta años de prisión. Y a pesar de que el artículo 86 establece que el Presidente sólo puede firmar indultos en la medida en que sea coherente con el artículo 95 que prohíbe su interferencia en juicios aún pendientes, el ex general Suárez Mason y José Martínez de Hoz, que estaban bajo proceso, también fueron beneficiados. En total, los indultos llegaron a 400. El doctor Menem ha explicado que su intención fue pacificar el país. Pero, en verdad, a muy pocos hombres de armas les interesaban esas condenas. Se clausuró, entonces sí, de manera taxativa la prosecución de las causas judiciales pendientes, al tiempo que se interrumpió el enorme esfuerzo desarrollado durante los años precedentes para que la Justicia hiciera su tarea. Aunque el pueblo repudió esos indultos, creo que ese repudio no guardó proporción con la gravedad de la medida adoptada ni con la dureza exhibida contra las leyes dictadas durante mi gobierno. Había sido tan intensa la campaña contra esas leyes de caducidad de la instancia y obediencia debida, que los indultos que dejaban en libertad a los principales responsables de los crímenes cometidos, aunque merecieron la crítica de las organizaciones de derechos humanos, no tuvieron una gran repercusión.
Trece años más tarde, desde el comienzo de la gestión del presidente Néstor Kirchner, comenzó a plantearse la posibilida de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y elló me obligó a hacer pública mi posición, pues en modo alguno quería que se cometiera una nueva injusticia y agravio a la memoria de los argentinos. El nudo de la cuestión, a mi modo de ver, era que bajo la pretensión de "volver a fojas cero" con los procesos judiciales, se desandara no sólo en aquellos caminos que se vieron interrumpidos en la sanción y condena de las violaciones a los derechos humanos sino también en aquellos que habían podido culminar, efectivamente, con el establecimiento de las responsabilidades penales.
En agosto de 2003 envié una carta a los presidentes de los bloques radicales parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. A pocos meses de cumplirse veinte años de democracia, con las instituciones afianzadas y con la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder presidencial, todo había cambiado. Más allá de la crisis social y económica que todavía padecemos -y que estoy seguro de que habremos de superar-, hoy la sociedad argentina puede mirarse en el espejo y observar una sustancial transformación: ya no admitirá nunca más el retorno a un régimen dictatorial. No es poco el cambio, luego de medio siglo de golpes de Estado. Naturalmente, no pretendo atribuirme tan profunda transformación. Pero creo haber contribuido en la medida de mis posibilidades.
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Posteriormente, frente a manifestaciones equivocadas del presidente Kirchner, aludiendo a que tales leyes fueron extraídas bajo extorsión del poder militar a mi investidura, debí emitir otro comunicado, una segunda declaración, precisando que no hubo tal "extorsión" en el momento de impulsar aquellas leyes. "Como protagonista principal de las circunstancias históricas que rodearon la sanción y promulgación de esas leyes, creo necesario señalar que nadie me ha extorsionado ni lo hizo con el Congreso de la Nación, y que las decisiones adoptadas por mi gobierno jamás fueron el resultado de un pacto con los dictadores." Ratifiqué de esa forma lo que había declarado ante el juez federal Claudio Bonadio: "Promulgué eas leyes en función de la defensa, en el mediano y largo plazo, de las libertades y de los derechos humanos de los argentinos, lo que constituye el centro de mis convicciones".
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A la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final le siguió el pedido parlamentario para que la Justicia declarara la inconstitucionalidad de los indultos concedidos por el presidente Menem a los jefes militares procesados y condenados. Y tras ello, la decisión presidencial de rememorar el vigésimo octavo aniversario del último golpe de Estado, el 24 de marzo de 2004, reintegrando el predio y edificio donde funcionó la ESMA al gobierno de la CIudad de Buenos Aires para erigir allí un Museo de la Memoria.
Sin embargo, estas importantes decisiones, animadas seguramente por los más compartidos y extendidos ideales y sentimientos de justicia, defensa de los derechos humanos, lucha contra la impunidad y cultivo de la memoria histórica, resultaron mellados por una actitiud reivindicativa y una interpretación de nuestro pasado que nuevamente cayó en el sectarismo, el soslayo y la omisión interesada y, sobre todo, la pretensión de que nada se hizo durante veinte años para conocer, investigar y sancionar los horrores de la dictadura. Fue muy doloroso para mí escuchar de boca del Presidente aquel pedido de perdón "por los silencios de la democracia" frente al terrorismo de Estado. Una muy desafortunada manera de trazar bisagras históricas borrando las conquistas y los hitos que permitieron avanzar en el camino de la reparación y en el trazado de un futuro verdaderamente distinto.
Pero además se insiste sobre la misma idea de que las leyes del perdón, que ya me ocupé de analizar en su contexto, "borraron con el codo lo que se escribió con la mano", aludiendo al juicio a las Juntas. Creo que he dejado suficientemente demostrada la falta de buen discernimiento y falsedad histórica que encubre dicha aseveración. Una vez más: los máximos responsables del terrorismo de Estado fueron juzgados y condenados durante mi gobierno y permanecieron, durante todo mi mandato, cumpliendo sus condenas. Me opuse siempre, por mi parte, a la sanción de cualquier forma de indulto o perdón para ellos.
Por último, no resisto la tentación de dejar que hable por mí Carlos Nino, querido amigo y exigentísimo colaborador, en su libro Juicio al mal absoluto:
Hubo pocas instancias en la historia del mundo, y ciertamente ninguna en Latinoamérica, de persecución de quienes fueran los responsables por violaciones masivas de derechos humanos. La Argentina hizo justamente eso y, en forma aún más notable, llevó a cabo esta tarea sin un ejército invasor y sin ninguna división de las fuerzas armadas apoyando los juicios, contando sólo con su capital moral. Dadas estas circunstancias, la investigación y la persecución de los abusos a los derechos humanos realizadas por el presidente Alfonsín se sostuvieron milagrosamente bien.
El resultado fue el producto de acciones no coordinadas de varios agentes independientes, y casi todo lo que podría requerirse moralmente bajo las circunstancias, un ejemplo de lo que Bernard Williams llama suerte moral. Los juicios contribuyeron a crear una conciencia pública acerca de los horrores que pueden ocurrir cuando la democracia y el estado de derecho son dejados de lado. El presidente Alfonsín fue capaz, además, de lograr estos resultados, sin poner a las instituciones democráticas bajo una excesiva tensión debido a las reacciones de los militares. Consecuentemente, los militares cambiaron gradualmente su forma característica de discurso, aceptando una visión menos holística de Nación y una visión menos elitista epistémica acerca de sus necesidades.
Siempre es útil recordar.
Es justo reconocer que, aun en medio de las más graves crisis, prevaleció a lo largo de los últimos años el instinto de preservación de la democracia recuperada, la reconstrucción de sus valores fundamentales y la noción del estado de Derecho. Si es así, estaríamos retomando el camino iniciado en 1983, alejándonos definitivamente del "país al margen de la ley" que tanta violencia y muerte produjo en la Argentina, y consolidando la democracia, en resguardo de la libertad y en la búsqueda simultánea de la igualdad.
La consolidación de la democracia requiere de la vigencia de los derechos humanos, y comprende los derechos y garantías contemplados en la Constitución nacional. Muchos políticos, periodistas y opinadores volvieron recurrentemente sobre la cuestión al hablar de la necesidad de proteger los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad, contraponiéndolos a los derechos humanos de los posibles victimarios, pretendiendo que se desconozcan las garantías procesales de los sospechosos, como si éstos no tuvieran el derecho de defensa, el beneficio de la inocencia y el de la duda, consagrados en el artículo 18 de la Constitución nacional. Sigo creyendo en aquella teoría de Sócrates de que es mejor padecer la injusticia que cometerla. En este sentido debemos advertir sobre los riesgos que vuelven detrás de demandas y ofertas de orden y seguridad que se asemejan a los discursos que abrieron el camino al horror. La preocupación debe ser mayor cuando estas expresiones de intolerancia se manifiestan electoralmente a través del apoyo a candidatos identificados con la violación de los derechos humanos.
Siempre es útil recordar cómo se perdió la democracia en nuestro país; recordar también hasta dónde una parte importante de la sociedad pudo resistir, encontró los canales de expresión o prestó su consentimiento en lo que pasó durante los años de violencia política y más específicamente durante la última dictadura militar. No admito que todos tengamos la misma responsabilidad, ni del mismo grado ni del mismo tipo, porque hubo algunas personas, civiles y militares, que fueron especialmente responsables en los hechos atroces que se cometieron y fundamentalmente en la degradación del estado de derecho, en el sostenimiento de la última dictadura militar, defendiéndola en los medios de comunicación, en los organismos internacionales de crédito o en las Naciones Unidas. Me producen un fastidio especial las actitudes de quienes se beneficiaron económicamente con la represión y el "orden" impuesto por la dictadura y luego se colocaron con una gran arrogancia en el lugar de fiscales de la República. Es necesario recordarlo, sin rencores ni indulgencias.
"Memoria política: transición a la democracia y derechos humanos", Raúl Alfonsín. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.
