El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) urgió al Estado argentino a investigar, juzgar y reparar a los deudos por la tortura y el asesinato del preso Roberto Agustin Yrusta, condenado a 8 años de cárcel en 2005. La causa que investigó la muerte de Yrusta determinó que, en represalia por haber revelado en un “reportaje televisivo” los golpes, traslados, amenazas, submarino seco (asfixia con una bolsa de nailon), aislamiento en buzones (celdas de castigo) y “cama de sujeción encadenado”, los oficiales penitenciarios fingieron el falso suicidio del detenido en el 7 de febrero de 2013, tal como detalla un documento publicado en Ginebra.
La sanción, traducida al castellano con fecha 31 de enero de 2019, le dio al gobierno de Mauricio Macri 90 días para arrojar luz sobre el caso. Lo instó también a conceder el carácter de víctimas a las dos hermanas del occiso, Estela Deolinda y Alejandra del Valle, que denunciaron el crimen ante la ONU una vez agotadas las instancias legales internas en Argentina, a las cuales se les debería además conceder “una reparación apropiada, incluidas medidas de indemnización justa, y de acceso a la verdad”. Pese a la expiración del plazo, las autoridades federales en Buenos Aires no han respondido, indicó a PERFIL una fuente de Naciones Unidas.
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Originariamente detenido en la penitenciaría de Bouwer, en la Provincia argentina de Córdoba, Roberto Agustín Yrusta, “quien no sabía leer”, solicitó “ser trasladado a la Provincia de Santiago del Estero, donde vivía parte de su familia”. Pero en enero de 2013, lo llevaron al penal de Coronda, en la Provincia de Santa Fe, sin que se hubiera notificado a su familia. En ese centro penitenciario fue incomunicado durante una semana. Luego de ese plazo pudo, encadenado y bajo vigilancia, retomar contacto telefónico con sus familiares: les alertó de que proseguían las torturas y malos tratos diarios, además de negársele atención médica.
Poco menos de un mes más tarde, el 7 de febrero de 2013, el Servicio Médico Forense de esa provincia emitió un informe en el que aseguraba que Yrusta “se había suicidado ahorcándose en su celda”. Se trataba de una muerte por “asfixia causada por la compresión brusca del cuello con un objeto de características elásticas”. Le faltaban cuatro meses para recuperar la libertad condicional, y diez meses para obtener la libertad definitiva.
Dudas. Al recibir sus restos, las hermanas observaron que el supuesto objeto con el que se habría quitado la vida no les había sido entregado. El cadáver de Yrusta “presentaba grandes ampollas, tenía las manos y los pies muy hinchados, heridas abiertas, cortes en los brazos, sangre, hematomas múltiples, un fuerte golpe en la cabeza, y otros signos que dan cuenta de impactos de balas de goma, mientras que la zona del cuello no presentaba ninguna evidencia de ahorcamiento”. Las hermanas a su vez descubrieron que en el expediente judicial figuraba “la presencia de objetos en el ano y el estómago” del hombre.
Encubrimiento. Los guardias del penal intentaron desviar la investigación. Se detectaron graves irregularidades como “el secuestro de los libros de guardia de los días anteriores a la muerte de Yrusta en Coronda”, la desaparición de su historia clínica, y “de los libros de ingresos y egreso del personal penitenciario que se encontraba en funciones” cuando murió Yrusta. Tampoco se habían entregado “las placas radiográficas tomadas durante la autopsia, así como la realización de otras declaraciones testimoniales y pruebas caligráficas”.
La investigación judicial en Argentina fue cerrada “sin imputado conocido”.
