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SOCIEDAD / TORMENTA REAL
martes 24 julio, 2018

Tras las escuchas a su "amiga íntima", piden investigar al rey Juan Carlos por "posible corrupción"

Políticos republicanos pidieron crear una comisión de investigación sobre la "posible corrupción de la monarquía". Corinna no negó la autenticidad de las grabaciones.

por Darío Silva D'Andrea

Juan Carlos de Borbón abdicó al trono en 2014. Corinna fue su amante hasta 2012. Foto: AFP

Los políticos republicanos e izquierdistas de España reclamaron a los partidos monárquicos que investiguen al rey Juan Carlos por "posible corrupción" tras las revelaciones realizadas por su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que confesó que el exmonarca la "usó" para lavar dinero en el extranjero. "La sociedad no soporta más la impunidad frente a la corrupción y frente a hechos tan graves e ilícitos", dijo Rafael Mayoral, de Podemos, al presentar la petición al órgano legislativo español.

Unidos Podemos, Esquerra republicana de Cataluña (ERC), Compromis y Bildu, partidos que se declaran republicanos, presentaron en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión de investigación sobre la "posible corrupción de la monarquía", e instaron al socialista presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a los partidos "monárquicos" como el Partido Popular y Ciudadanos, a apoyarla.

La semana pasada se difundieron grabaciones según las cuales la alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein habría desvelado que el rey Juan Carlos tiene cuentas en Suiza y que ella fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero. Las conversaciones fueron grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

"En la medida en que la institución monárquica tenga transparencia y pueda dilucidar todas las sombras que se han cernido sobre ella, podrá gozar de más apoyo del que tiene. Si no es así, los ciudadanos entenderán que es una institución oscura", manifestó Joan Baldoví, portavoz de Compromìs.

Fue el líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, quien el pasado día 12 lanzó la idea de una investigación parlamentaria a raíz de la publicación de las conversaciones. En aquella ocasión IU aseguró que pediría la comparencia de Juan Carlos I, aunque este lunes eludió confirmarlo.

Las conversaciones fueron grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

UNA FIGURA CLAVE

En el centro de la polémica se encuentra José Manuel Villarejo, un comisario jubilado detenido en noviembre por organización criminal, cohecho y blanqueo. En concreto, Villarejo es sospechoso de haber espiado durante años a empresarios, políticos y periodistas para reunir información comprometida y venderla o extorsionarlos.

Los investigadores que detuvieron al ex policía incautaron de audios, videos y documentos recopilados durante 25 años. Pero, mientras se analizaba aún su veracidad y los datos que contienen, a mediados de julio llegaron a la prensa las grabaciones que apuntan contra la cima del Estado: el rey emérito Juan Carlos I, quien según informaba hace unos años el New York Times, tenía una fortuna de 2.000 millones de dólares.

"Dinamita informativa", las consideró el diario "El País", que vio en los audios "la última bala de plata" de Villarejo para salvarse. La periodista Pilar Urbano, experta en monarquía y autora de varios libros sobre Juan Carlos, sostuvo que las filtraciones colocan al rey emérito en "el momento más incierto de su vida".

La empresaria alemana Corinna Larsen recibió el título de princesa por estar casada de 2000 a 2005 con el príncipe alemán Casimiro zu Sayn-Wittgenstein. Un año después de la ruptura comenzó una relación privilegiada con Juan Carlos, hoy de 80 años, que se mantuvo sobre todo hasta 2012.

La empresaria alemana Corinna aseguró que Juan Carlos tiene cuentas en Suiza y que ella fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

En las grabaciones publicadas la semana pasada, la mujer asegura que Juan Carlos pagó comisiones ilegales, la usó de testaferro y puso a nombre de un primo una cuenta en Suiza, todo ello en parte mientras era aún jefe de Estado antes de abdicar en 2014 a favor de su hijo, el actual rey Felipe VI. Además, revela que Juan Carlos cobra comisiones por las cuentas que tiene en el extranjero.

Las grabaciones fueron hechas sin permiso por Villarejo años más tarde, al parecer en 2015, en una conversación con la princesa y Juan Villalonga, ex director ejecutivo de Telefónica. Más allá de los detalles íntimos y polémicos que incluyen y a falta de que se confirme su veracidad, las acusaciones que vierten sobre el rey emérito y la posibilidad de que un ex policía como Villarejo pueda sacudir desde prisión las máximas instancias del Estado desataron una tormenta política en España.

En cuanto salieron a la luz los audios, la princesa de 53 años denunció en un comunicado "una campaña de descrédito" contra su figura y aseguró haber actuado "siempre correctamente". "No puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe”, se defendió. Pero en ningún momento negó la autenticidad de las grabaciones.

Lo más inquietante, coinciden la prensa y los políticos españoles, es que nadie sabe qué otras cartas esconde Villarejo. Juan Carlos I podrá saber en qué medida es real o falso lo que salió a la luz este mes, escribió Urbano en el diario "El Español". "Lo que ignora es dónde oculta Villarejo su arsenal de pendrives con pistas sonoras, y cuándo lanzará otra descarga de metralla letal".

¿PROTECCIÓN DEL GOBIERNO?

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó la semana pasada que no haría pública la lista de los beneficiarios de una amnistía fiscal de hace seis años, en la que podría encontrarse el rey emérito Juan Carlos I, como lo acusa una examante suya. El anterior gobierno promovió la amnistía en 2012 con el objetivo, según dijo, de recaudar dinero y ayudar a reducir el déficit, inflado por los efectos de la crisis económica. La amnistía, abierta a particulares y empresas, fue declarada nula el año pasado por el Tribunal Constitucional, que acusó al gobierno de Mariano Rajoy de "abdicar" de su obligación a garantizar la justa contribución de todos a las arcas públicas.


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