Graciana Peñafort participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación del Grupo Perfil y la Universidad del Salvador (USAL), donde se refirió al proyecto de reforma judicial, presentado por Alberto Fernández, y respondió a las críticas de los referentes de la oposición que señalaron que el único objetivo del proyecto es beneficiar a Cristina Kirchner. "Me parece que hay un enorme discurso de odio de quienes instigan eso. No hay ninguna cláusula que garantice la impunidad. La impunidad no se hace con la reforma judicial", sostuvo la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
La abogada, que fue autora intelectual de la ley de medios durante el gobierno kirchnerista, defendió la designación del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en la Comisión de Juristas que asesorará al Presidente y recordó que ese organismo también está integrado por Andrés Gil Domínguez, que fue el representante del Grupo Clarín. "Y yo no digo ‘Gil Domínguez de Clarín’. El abogado se define por cómo hace su tarea y no por sus clientes. Y por esta misma razón, no pienso que Beraldi sea Cristina", expresó Peñafort en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.
—De aprobarse la reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández, ¿usted cree que hay probabilidades de que sea declarada inconstitucional por alguna de las instancias del Poder Judicial, dado el antecedente que hubo de la Cámara del Crimen que hizo una acordada declarando inconstitucional el proyecto de ley?
—Lo hicieron las Cámaras del Crimen y la Civil y Comercial. Hay un problema en estas acordadas y es que estos dos tribunales ya no podrían conocer sobre la constitucionalidad de la ley porque han opinado. Es decir, los jueces conocen frente al caso concreto, no se pronuncian en abstracto. Con lo cual, estos dos organismos no podrían intervenir, desde ya, porque han hecho pública su opinión. A mí me parece una barbaridad. En el proyecto no veo una inconstitucionalidad manifiesta.
—¿Qué opinión le merece las críticas de los referentes de la oposición que indicaron que el único objetivo de la reforma judicial es garantizar la impunidad de Cristina Kirchner?
—Han pasado varios días desde que se presentó el proyecto, quiero que me digan una cláusula que hace a la impunidad. No hay ninguna. La impunidad no se hace con la reforma judicial. Casi les diría que va a ser mucho más benévola con quienes tengan procesos de ahora en más. Me parece que hay un enorme discurso de odio de quienes instigan eso, y creo con honestidad que hay sectores de la política que funcionan con el poder judicial, por eso se niegan siquiera a discutir. Yo no vi nunca que un partido político se oponga a una ley antes de haberla leído, es insólito. Los señores ya habían decidido estar en contra de la reforma judicial antes de haberla leído, entonces hay una decisión previa que tiene que ver con la disputa de poder.
—¿Cómo evalúa la designación de Carlos Beraldi en el Consejo Consultivo, teniendo en cuenta su relación con Cristina Fernández?
—No veo que a uno se lo pueda juzgar por sus clientes y ningún abogado juzga a otro por sus clientes. Por ejemplo:, en esa Comisión también está Andrés Gil Domínguez, que fue el representante del Grupo Clarín en la época de la ley de medios, y yo no digo "Gil Domínguez de Clarín". El abogado se define por cómo hace su tarea como tal y no por sus clientes. Y por esta misma razón, no pienso que Beraldi sea Cristina. Es el abogado de Cristina, al igual que lo es de otras tantas personas. Beraldi es uno de los señores que más conozco y le tengo un enorme afecto. Además, es un jurista extraordinario.
—¿Cree que es necesario ampliar la Corte Suprema?
—No tengo una posición tomada. Yo quiero que la Corte funcione. No tengo ninguna preferencia con el número. Me preocupan más los procedimientos. Los abogados de este país necesitamos que la Corte funcione. Necesitamos un sistema práctico, expeditivo, que resuelva los temas. Porque también hace "tiempismo", entonces no resuelve. La Corte hoy no funciona porque no funcionan los procedimientos. Si así sucediera, por mí que queden estos cinco miembros. No es nada personal con ellos. Me importa poco el "quién", porque las leyes son bastante claras. Entonces, que las apliquen y que hagan lo que tienen que hacer, que respondan. Son la cabeza máxima de un Estado.
—¿Es posible que Mauricio Macri pueda sufrir un caso de "lawfare"?
—Me parece que las posibilidades de la persecución política de Macri son bastante pocas porque este gobierno no tiene la vocación de persecución como sí la tenía el gobierno de Cambiemos. Ni Cristina ni Alberto Fernández van a perseguirlo porque no hay una mesa judicial en el gobierno del Frente de Todos. Si después Mauricio Macri es responsable o no de la causa de espionaje ilegal, es algo que, sin dudas, no puedo determinar. Nadie considera que la adulteración de documentación para espiar ilegalmente al Instituto Patria sea un procesamiento "lawfare" como pasó con Arribas y Majdalani. El "lawfare" se nota, y más aún, por la falta de pruebas porque se asienta en la construcción mediática de una culpabilidad que no siempre tiene correlato en la documentación probatoria.
—¿Qué le respondería a aquellos que sostienen que ese proceso deja a Cristina y al kirchnerismo en un lugar de "víctimas y perseguidos"?
—Voy a ser muy subjetiva porque yo también estuve en la lista de los perseguidos: la persecución existió. No creo que deje a Cristina ni al kirchnerismo como víctimas, porque lo fueron. Fuimos víctimas. Agradezco que esté avanzando la Justicia porque no quiero que esto pase nunca más. Como abogada gano y pierdo todo el tiempo, mi vida es eso. Pero hay una sola derrota que para mí ha sido muy dura: cuando a Héctor Timerman, que era muy amigo mío, lo mandaron a una prisión domiciliaria con un cáncer terminal. Para procesarlo, declaró un espía inorgánico, porque como no tenían pruebas tuvieron que inventarlas. El problema fue que para cuando dijo en la televisión que había mentido, Héctor Timerman ya se había muerto. Y se murió porque este Poder Judicial le dictó una prisión preventiva a un enfermo muy grave de cáncer y no pudo salir del país para tratarlo. Esto tampoco me lo contaron.
—¿Cuál fue su reacción cuando se conoció el decreto mediante el cual se dio marcha atrás con la expropiación de Vicentin?
—Me entusiasmaba la posibilidad de rescatar una empresa valiosa de la dimensión de Vicentin, insertada en un sector estratégico para la economía argentina, como es el sector agroexportador. El Poder Judicial no sólo no permitió la intervención, que era una manera de conocer el estado de situación, sino que, además, tampoco aceptó las alternativas que ofreció la provincia de Santa Fe por otro camino. Yo lo lamento. Y el Estado tendrá que ejercer sus derechos como acreedor. Está claro que ha habido una operación de vaciamiento de la empresa, entonces lo que hay es una quiebra fraudulenta. Siempre que se pierde una empresa importante en Argentina es una lástima.
—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y la invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.
—Les quiero decir a ustedes que se están formando para ser mejores periodistas que informen. La verdad nunca es una sola, vean todos los lados. No significa que ustedes no puedan tener su propia verdad, porque la tienen, pero informen porque el derecho a la información es un derecho de todos. El derecho a la información contempla la posibilidad de posiciones antagónicas, pero es en esa aceptación de las posiciones distintas donde cada uno de nosotros puede encontrar la verdad. Informen, cuenten las posiciones, y dejen que cada uno tenga su propia verdad. No creo que haya una sola, pero creo que lo que más aporta es contarlas todas. Es lo que nos permite tener un criterio como ciudadano y formarnos bien.
Por Florencia Coronel y Margarita Elías
Estudiantes de Periodismo
Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL
